WASHINGTON. Los republicanos en la Cámara de Representantes quieren enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos para desalentar el cruce ilegal de niños migrantes que viajan solos.

 

Las recomendaciones, emitidas el miércoles por un grupo de trabajo establecido por el líder de la cámara John Boehner, pusieron a la Cámara de Representantes en curso de coalición con el Senado, donde los demócratas son mayoría.

 

Una iniciativa en el Senado destinaría 2,700 millones de dólares a la crisis en la frontera, pero no incluye ningún cambio de política adoptado por la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría.

 

La congresista Kay Granger, quien encabeza el grupo de trabajo de Boehner, dijo que podría enmendarse la actual ley para poder acelerar la deportación de los jóvenes centroamericanos mientras al mismo tiempo se garantiza la protección de los menores que viajan solos.

 

Los demócratas dicen que esto podría poner en riesgo a los niños migrantes si se les envía de regreso a las brutales pandillas en sus países de origen.

 

La presidenta de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, Barbara Mikulski, tenía previsto presentar el miércoles un borrador de ley que asignaría 2,700 millones de dólares para más jueces de inmigración, centros de detención y otros recursos en el sur de Texas, a donde han llegado decenas de miles de niños sin acompañantes.

 

Eso implica una reducción de 1,000 millones de dólares respecto a la solicitud del presidente Barack Obama. Sin embargo, se espera que los republicanos, que son mayoría en el Congreso, vayan más allá con un gasto más reducido que se centraría principalmente en provisiones para cuerpos de seguridad, como tropas para la Guardia Nacional, más que en atender a los menores. Los republicanos del Congreso esperaban debatir su propuesta el miércoles y recibir en audiencia a un destacamento de fronteras formado por el portavoz John Boehner, republicano de Ohio.

 

Quizá más problemático fue el anuncio de Mikulski, demócrata de Maryland, de que eliminaría de su propuesta cualquier cambio a la ley de 2008 sobre víctimas del tráfico de personas, que según los críticos ha contribuido a la crisis al permitir a jóvenes centroamericanos quedarse en el país de forma indefinida mientras esperan a distantes citas judiciales. Los republicanos piden cambios en esa ley a cambio de autorizar más gastos en la crisis migratoria y han dicho que será una parte importante de su propuesta ante el Congreso.

 

“No creo que el pueblo americano apoye enviar más dinero a la frontera a menos que ambos partidos trabajen juntos para resolver estas políticas y resolver de verdad este problema”, dijo Boehner.

 

El resultado parece ser un punto muerto, con poco tiempo para resolver el estancamiento antes del receso estival del congreso en agosto, que está ya a la vuelta de la esquina.

 

“Por desgracia, parece que estamos camino de hacer absolutamente nada”, dijo el senador republicano de Texas John Cornyn.

 

Mientras tanto, agentes de Seguridad Nacional han pedido que se tomen medidas, señalando que la sobrecargada frontera y las agencias de inmigración se quedarán sin dinero en los dos próximos meses. “No hacer nada en el Congreso no es una opción”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.

 

Más de 57,000 menores han llegado desde octubre, la mayoría procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala.

 

La ley de 2008 les garantiza vistas judiciales, lo que en la práctica les permite quedarse años en el país debido a los largos retrasos en el sistema judicial de inmigración.

 

Los republicanos quieren cambiar la ley para que los niños centroamericanos puedan ser tratados como los mexicanos, que pueden ser devueltos por agentes fronterizos a menos que puedan demostrar un temor a su regreso que requiera una investigación más profunda. Los republicanos opinan que es la única manera de enviar un mensaje a los padres centroamericanos de que no tiene sentido enviar a sus hijos en el arduo viaje al norte.

 

El personal de la Casa Blanca ha mostrado su apoyo a esos cambios, pero ofrece señales contradictorias, presionado por los defensores de la inmigración que dicen que eso supondría devolver a casa a morir a los niños que huyen de la violencia de pandillas. Algunos demócratas se mostraron a favor de los cambios al principio, pero ahora se oponen férreamente.