Legisladores federales solicitarán “una mesa de trabajo” con integrantes del gobierno de Puebla a fin de “desterrar la política de represión desatada en esa entidad”; aseguraron que presentarán un informe a organismos internacionales como la ONU ante la muerte de un menor en pasados días.
Elena Tapia Fonllem y Roxana Luna Porquillo, ambas integrantes del PRD, coincidieron en que no basta con la petición de abrogar la denominada “Ley Bala” luego de la reciente muerte, por fractura de cráneo, de un menor de edad, y las heridas causadas a otras dos personas.
Las también integrantes de la comisión de los Derechos Humanos en San Lázaro, solicitaron poner un alto “a la actitud represiva” del gobernador Rafael Moreno Valle, “quien se opone a un derecho garantizado en las leyes, como el de manifestación”.
Dijeron que “la Ley para Proteger los Derechos Humanos, mejor conocida como Ley Bala, sigue vigente en Puebla en tanto no se promulgue otra que la sustituya, como se señala en un artículo transitorio de esa misma legislación”.
El ejercicio de ese derecho, expresaron, “fue el escenario en el que se registró el fallecimiento de un menor y la detención de otras personas”.
Esta reglamentación en Puebla fue aprobada por el Congreso estatal el pasado 19 de mayo, misma que “regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales de esa entidad, en manifestaciones que la autoridad estime violentas”.
Puntualizaron las legisladoras del PRD, a quién se sumó José Luis Muñoz Soria (PRD) y Loretta Ortíz (PT), de que se trata de una legislación violatoria de los derechos humanos, porque permite a los policías “valerse de armas de fuego mientras se desarrolla una manifestación, sin establecer los criterios para el uso legal de la fuerza y sin considerar los derechos de asociación”.
Sostuvieron la necesidad de “procesar a los elementos policiacos que dispararon armas y a quienes ordenaron la represión y abuso de poder y de tentativas de homicidios”.
Por estos motivos, exigieron la destitución del secretario de gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, toda vez que “no es capaz de establecer el diálogo con todos los grupos, en tanto el procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, tiene que dejar de ser juez y parte, al dedicarse a cuidar la imagen del gobierno de la entidad”.
Además, lamentaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “no se haya manifestado sobre ese asunto, a pesar de la existencia de nueve quejas en esa institución” y aseguraron que si no asume su responsabilidad, “dejemos de autorizar su presupuesto y que desaparezca, porque no está cumpliendo con su trabajo”.
Agregaron que presentarán el próximo lunes un informe ante el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.