Las autoridades mexicanas no tienen certeza del destino de centenares de menores que en las últimas décadas ingresaron al albergue de La Gran Familia mediante la firma de convenios notariales que supuestamente les permitían salir hasta que cumplieran la mayoría de edad.
Funcionarios federales consultados por 24 HORAS indicaron que la Procuraduría General de la República (PGR) realizará una búsqueda y revisión pormenorizada de las personas que estuvieron internados en dichas instalaciones, ubicadas en Zamora, Michoacán, y su condición actual, luego de que no hubo tampoco un seguimiento oficial.
Para ello, y una vez que el albergue quede desocupado en su totalidad, lo que podría ocurrir el fin de semana, se sellará el complejo y se realizará una nueva inspección ministerial para la recopilación de papelería, documentos, y demás elementos que puedan dar una visión más amplia de quién estuvo en el albergue.
La PGR también ha solicitado a los DIF estatales información sobre menores que fueron canalizados a dicha instrucción desde que se tenga registro, si es que lo hay, aunque se estima preliminarmente que la información estará incompleta, pues no existió un seguimiento adecuado.
“Se sabe que por ahí pasaron centenares de menores, pero con precisión no sabemos aún cuantos niños estuvieron en el albergue ni mucho menos quiénes eran o su estatus. Es algo que el Ministerio Público va a estar corroborando a partir de los documentos que puedan recabarse y de las líneas de investigación que se sigan una vez que se concluya, primero con los niños que se encontraron actualmente en el edificio”, dijo un funcionario ministerial vinculado con la indagatoria.
Cabe recordar que el Ministerio Público ha recabado algunos señalamientos sobre personas que ingresaron al albergue y no fueron localizadas e incluso otras que habrían muerto, lo que llevó incluso la búsqueda de fosas clandestinas en el terreno contiguo al complejo, sin que hasta ahora se haya encontrado algo.
Actualmente la PGR sólo ha documentado irregularidades que se cometieron en los últimos meses, pero hay indicios de abusos que datan de varios años atrás que tendrán que ser corroborados.
Rosa del Carmen Verduzco declaró en una entrevista por televisión que por su albergue pasaron más de cuatro mil menores de edad, por lo menos desde la década de los 70. Al momento de la intervención en el edificio, se encontraron a poco más de 400 menores de edad.
Van por notario
Respecto a la situación de los documentos notariados por los cuales los menores se quedaban en el albergue, en la PGR indicaron que la SEIDO recabará la declaración del notario o notarios involucrados y en caso de que no sean localizados se girarán las órdenes de presentación correspondientes.
En la Procuraduría subrayaron que la custodia de un menor de edad sólo puede determinarla un juez y no es factible que la misma se arrebate por compromisos entre particulares aun y cuando estos sean notariados.
De acuerdo con antecedentes ya documentados del caso, el notario número 2 de Zamora, Michoacán, Luis Fernando Alcocer del Río, es quien daba fe de los convenios entre la Gran Familia y los padres o tutores de los menores que eran internados en el albergue.
Verduzco aceptó en la entrevista televisiva que ella firmaba los acuerdos y que impedía que los niños regresaran con sus padres argumentando que estaban sometidos a un proceso disciplinario y que era contraproducente que salieran.
Cerrojazo al complejo
Para profundizar en la investigación, las instalaciones del albergue La Gran Familia quedarán totalmente desocupadas a más tardar el próximo sábado, indicaron en la PGR. El edificio permanecerá bajo resguardo de la Policía Federal.
En ese contexto se prevé que los menores que aún están en el edificio sean trasladados a albergues temporales del DIF para continuar con su cuidado.
De forma paralela, y como 24 HORAS publicó esta semana, el Ministerio Público espera completar la documentación necesaria para iniciar la demanda de extinción de dominio ante un juez civil, el cual ordenaría el embargamiento preventivo del inmueble.
Inimputabilidad no impunidad: Regino
“Inimputabilidad no puede ser causa de impunidad”. Con esa frase el especialista en Derecho Penal y ex subsecretario de Seguridad del DF, Gabriel Regino, resume la obligación que tiene la PGR de indagar la temporalidad de todos los delitos y abusos que pudieron cometerse en el albergue La Gran Familia y de los que pudiera ser responsable su administradora, Rosa Verduzco, alias Mamá Rosa.
Y es que más allá de presiones mediáticos y de la opinión pública, es obligación del Ministerio Público buscar la verdad histórica de los hechos, dijo el especialista.
En el caso concreto de Rosa Verduzco, Regino advirtió que la señora no siempre estuvo en la presunta condición de senilidad que ahora presenta y que fue el argumento para no proceder en su contra, motivo suficiente para profundizar en las investigaciones.
“La ley es muy clara, en su condición en la que se señala que esta no puede estar en prisión, pero atención… si la indagatoria arroja que ella sí fue consciente en su momento de los delitos que se cometieron y tiene responsabilidad dolosa o culposa, debe estar recluida en un centro especializado y bajo los tratamientos que requiera, con un procedimiento especial”, subrayó el litigante en entrevista con 24 HORAS.
La demencia senil que se atribuye a Mamá Rosa, explica Regino, se fija pericialmente bajo los parámetros del denominado diagnóstico DSM4 de la American Psychiatric Association, e incluye falta de capacidad de juicio, falta de capacidad de memoria, problemas para el dominio de sus actos, entre otros.
“Ahora la vemos en una entrevista (difundida por Univisión) en la que ella habla de su infancia, de cómo fundó el albergue, de quienes recibían apoyos económicos y con qué autoridades estaban en comunicación… pues obviamente esto demuestra que tiene juicio, memoria y un razonamiento ordenado, entonces hay que investigar muy bien lo que parece ser una contradicción”, indica.
En ese contexto, Regino criticó lo que considera una “estrategia oficial” encaminada a reducir la presión de la opinión pública sobre el caso a través del concepto de “inimputabilidad” que estableció legalmente un perito.
“Pero las preguntas en el aire y que debe aclararse es los hechos que podrían imputárseles en qué tiempo fueron y si ella era imputable en ese momento”, sentenció.
Cabe recordar que, según la información dada a conocer por la PGR a partir del dictamen elaborado por una perito médica psicóloga, Verduzco padece deterioro mental además de otras condiciones que impiden proceder contra ella, como se hizo contra otras seis personas. Regino subrayó que dicho dictamen puede ser apelarse por las víctimas.