La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados solicitará la comparecencia de la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas, para que explique cómo se definió el traslado de los menores que fueron rescatados del albergue La Gran Familia, en Michoacán, a diversas entidades, adelantó la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Verónica Juárez Piña.

 

“Nos preocupa sobremanera que está haciendo el DIF con los menores. Vemos que hay una repartición, pero no sabemos bajo qué criterios ni cómo están determinando que estos niños sean trasladados a los estados”, señaló la legisladora este miércoles en una conferencia en la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF).

 

El punto de acuerdo para solicitar la presencia de la titular del DIF nacional en San Lázaro se iba a presentar la víspera, no obstante, ante la falta de tiempo en la agenda legislativa será presentado el próximo martes, dijo la diputada a 24 HORAS.

 

La semana pasada 167 menores fueron trasladados desde La Gran Familia a Jalisco, Estado de México, Guanajuato y DF para reintegrarlos con sus familias o por ser originarios de esos estados, sin embargo, en el caso de las dos primeras entidades hay 73 infantes que no han sido reclamados por ningún familiar, según informaron los sistemas DIF locales a este diario.

 

“Sabemos por los medios de comunicación que (los menores) se están trasladando en muchos casos a partir de la petición de familiares y porque son originarios de esos estados, pero no hay transparencia en el hecho. Necesitamos que se informe cuál es la circunstancia particular de cada uno de los niños, bajo qué circunstancias los están trasladando, a dónde llegarán y cuál es el seguimiento que se le dará a cada uno de ellos”, agregó Juárez Piña.

 

Por su parte, la directora de la asociación Defensoría de Derechos de la Infancia, Margarita Griesbach, opinó que este caso evidencia “una terrible falta de sistemas de protección integral”, tras su participación en la rueda de prensa Defensa de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental en México.

 

“El estado no tiene la capacidad para enfrentar este tipo de situaciones. Me atrevo a pensar que es un proceso improvisado ya que primero tendría que garantizarse una estadía temporal en las mejores condiciones para verificar la situación de cada uno de los niños buscando restablecer sus vínculos familiares. No basta con ponerlos a disposición para ir a recogerlos como si fueran objetos perdidos, tiene que haber un proceso de diagnóstico especializado para cada uno de los menores”, concluyó.