Para Pilar Vázquez, mujer de izquierda que
murió ayer, pero antes mejoró un tanto al mundo.
Al anunciar la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el gobierno mexicano asumió un compromiso público y medible para remediar un mal que es una vergüenza y un obstáculo para el desarrollo del país. El siguiente paso fue asumir que la política social no podía seguir siendo la misma si se quiere cumplir ese compromiso.
En lugar de evadir el problema, desde el primer día esta administración se hizo cargo de que, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más de siete millones de mexicanos han sufrido experiencias de hambre, no perciben un ingreso suficiente para comprar una canasta básica y, además, tienen al menos otras dos carencias fundamentales que afectan su alimentación, como la falta de servicios de salud, seguridad social, educación y/o habitan una vivienda de materiales precarios, en algunos casos sin servicios de agua, drenaje y electricidad.
Se puso el hambre en la agenda gubernamental, cuando antes ni siquiera se hablaba del tema.
El primer eje de la reforma de la política social es dejar de pensar que las personas en situación de pobreza no son capaces de ser productivos y que no pueden generarse ingresos suficientes por su propio esfuerzo.
Orientar los programas para mejorar la productividad sólo para los grandes empresarios colaboró a provocar una desigualdad tal que en el 2011 el 10% más pobre de los mexicanos captó 1.2% del ingreso total del país; mientras que el 10% más rico recibió 36.7%.
No se resuelve el problema si se margina a las personas en situación de pobreza a sólo ser receptores pasivos de programas asistenciales. La salida de la pobreza es necesariamente productiva.
Por primera vez, el programa Oportunidades se ha modificado para complementarlo con puentes productivos para superar la pobreza.
El segundo eje de la reforma implementada en el marco de la Cruzada es lograr el mayor grado de eficiencia de la inversión y los programas.
Un componente es provocar coordinación, en lugar de competencia o desorden entre las dependencias federales y los gobiernos estatales y municipales. No más “cada quien por su lado” duplicando gastos, duplicando beneficiarios, sin compartir información y sin complementar esfuerzos.
Otro componente de este eje es focalizar las inversiones en las personas identificadas en situación de pobreza extrema y en los territorios rurales y urbanos de alta prioridad, así como intervenir con las obras y acciones precisas que inciden en los indicadores de pobreza determinados por la ley. No más recursos para “amigos” u obras de ornato.
En ese orden, por primera vez se está conformando un padrón único de beneficiarios con información socioeconómica y por ley se ha definido un catálogo detallado de obras y acciones de los fondos para infraestructura social, lo que implica, en este último caso, castigos penales a las desviaciones.
Un componente fundamental para ser eficiente y eficaz es la participación de las comunidades en la toma de decisión de la orientación de los recursos públicos. Esa es la mejor forma de evitar la exclusión y la desviación de la inversión. La comunidad debe dejar de estar esperando afuera de la ventanilla y debe pasar a tener un espacio en los lugares y los momentos donde se toman las decisiones.
Ya hay experiencias exitosas consolidadas en el marco de la Cruzada. En Tamaulipas los mil comités comunitarios decidieron sus prioridades y en el Comité Estatal Intersecretarial las dependencias federales y estatales atendieron y resolvieron. “Mil comités, mil obras” le llamaron. En Sinaloa y Durango tienen procesos similares ya completados.
Un tercer eje de la reforma es la evaluación y el seguimiento permanente. Se tiene claro que constantemente deben buscarse mejoras en la gestión y los instrumentos. Cualquier ciudadano puede ver, en los medios y en las páginas oficiales, estudios solicitados por la Cruzada para identificar áreas de oportunidad, insuficiencias o errores. Innovar y aprender es la forma de dirigir esta estrategia de política pública.
Se establecieron ya, foros institucionales y periódicos de intercambio y consulta con organizaciones de la sociedad civil y expertos. Hoy se escuchan sus opiniones directamente por los funcionarios. Se acortó la distancia. El proceso es ir construyendo un entendimiento mayor que dé más productos para la gestión pública.
La Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre es un espacio de alto nivel, con la participación frecuente de los propios miembros del gabinete, donde se registran las aportaciones de cada dependencia y se analizan las formas de mejorar la intervención gubernamental.
Un cuarto eje es el ataque a los problemas en todas sus aristas, integralmente. No dar respuestas insuficientes a problemas complejos.
Se están realizando acciones alimentarias y productivas pero también en salud y vivienda para que esos alimentos tengan provecho; en educación para fortalecer las capacidades de la población y en seguridad social para que la protección sea igual a la de los mexicanos en mejores condiciones.
En el gobierno debemos profundizar las reformas a la política social.
Se decidió enfrentar un tema fundamental. Se decidió no tratarlo con paliativos. Se decidió atacarlo integralmente.
Ahora reformamos el gobierno al mismo tiempo que instrumentamos la Cruzada.
Es un ejercicio sin precedentes en la administración pública, no hay una ruta pavimentada previamente, nadie antes lo ha hecho. Encontramos muchos años de rutinas que deben cambiarse y muchos actores apropiados de recursos que no les corresponden.
Es un esfuerzo que se emprendió porque los mexicanos que viven así no deben continuar con hambre y los mexicanos que no estamos en esa condición consideramos urgente la solidaridad con ellos y queremos vivir en un México justo.
Por eso se hace la Cruzada Nacional contra el Hambre.
(*) Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre