TEGUCIGALPA. El denominado “sueño americano” se ha convertido en una pesadilla, no de ahora, para miles de hondureños que arriesgando su vida siguen viajando de manera ilegal a Estados Unidos en busca de trabajo o de un familiar.

Durante muchos años lo más común fue que el viaje a EU lo emprendieran solamente hombres, por el peligro que implica el recorrido por vía terrestre, cruzando Guatemala y México.

Pero con el tiempo las mujeres también comenzaron a correr el riesgo de viajar solas o con hijos hacia Estados Unidos, con la misma idea de conseguir un trabajo para ayudar a su familia o en busca de otros de los suyos en el país del norte.

Lo más grave con los migrantes centroamericanos en la actualidad son los más de 52 mil niños entre guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que, sin ningún acompañante, llegaron a Estados Unidos en los últimos 10 meses.

Según la primera dama de Honduras, Ana García, unos 14 mil de esos menores detenidos en el sur de Estados Unidos son hondureños.

Varios de los menores hondureños han comenzado a llegar deportados a su país con algún familiar que estaba viviendo de manera ilegal en Estados Unidos.

En los años 80 del siglo pasado, cuando Centroamérica sufría la guerra en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, la migración hacia EU aumentó.

En el caso de Honduras, aunque no vivía una guerra interna en los 80, flagelos como la pobreza, el desempleo y la desintegración familiar, entre otros, contribuyeron a que aumentara el flujo de personas que a diario emprendían camino a Estados Unidos.

Con los inmigrantes también se ha multiplicado el número de coyotes (traficantes de personas), quienes además han elevado el cobro por llevarlos a EU, en una operación que puede durar entre 15, 30 o más días, dependiendo de los obstáculos que surjan en el camino, incluso de tipo climático.

“Yo pagué 8 mil dólares para que un coyote me llevara con mi hijo de dos años”, comentó a Efe la hondureña Marisol Recarte, de 27, quien a los 22 decidió irse a Estados Unidos por “violencia familiar“, pero el año pasado fue deportada.

“Trabajaba en Houston como doméstica con una familia gringa que me ayudaba mucho y quería a mi hijo, pero me hallaron y me deportaron”, indicó Recarte, quien regresó en noviembre de 2013 a San Pedro Sula, norte de su país, de donde es originaria.

Un primo de la misma mujer, Oscar Bobadilla, de 58 años, recordó que pagó cuatro mil dólares a un coyote en 1980 para llegar hasta Los Ángeles, en un aventura que le llevó casi dos meses.

“Ahora es más caro y peligroso viajar a Estados Unidos“, enfatizó Bobadilla, quien fue deportado en 1996 a raíz de un accidente de tráfico en el que fue descubierto por las autoridades estadounidenses como indocumentado.

En el presente siglo se calcula que ha aumentado de 100 a casi 200 los hondureños que a diario abandonan su país con la idea de llegar a Estados Unidos, pero de esa cifra la mayoría son deportados, según organismos locales defensores de indocumentados.

Cada año la cifra global de hondureños deportados desde Estados por vía aérea, y de México, por tierra, supera los 50 mil.

En 2013 la cifra de deportados, la más alta hasta ahora, superó los 70 mil, según el Centro de Atención al Migrante, no gubernamental.

En lo que respecta a los menores inmigrantes que llegan solos a Estados Unidos, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, considera que en su mayoría se van por causas como el crimen organizado y el narcotráfico, y en menor medida por la pobreza.

El tema de los niños y jóvenes detenidos en EU ha centrado la atención en los últimos dos meses de Washington y los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, ante la deportación anunciada por el titular de la Casa Blanca, Barack Obama.

El viernes pasado, Obama le prometió a los presidentes Juan Orlando Hernández, de Honduras; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, y Otto Pérez Molina, de Guatemala, dar una respuesta humana y justa a la crisis provocada por la llegada masiva de niños y jóvenes centroamericanos indocumentados.

Los cuatro gobernantes acordaron trabajar por un “plan integral” que haga frente a las causas profundas de la crisis migratoria infantil y en la lucha contra la criminalidad organizada y la desinformación que propagan las redes de traficantes y coyotes.