El secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso afirmó que la deuda pensionaria de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya es pública, toda vez que se trata de una empresa manejada por el gobierno federal, por lo que con la propuesta de los diputados para que el Estado asuma parte de esos pasivos “se está generando un incentivo claro para reducir esa deuda”.

 

En entrevista para Radio Fórmula, el funcionario aclaró que la propuesta de que el Estado asuma parte de la deuda pensionaria no salió de la presidencia de la República, pues fueron los diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista de México quienes lo plantearon y con quienes se reunió para dar su opinión.

 

Videgaray Caso explicó que que si el Estado asume parte de los pasivos, será sólo si los trabajadores lo deciden en menos de un año. Por otra parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adelantó que los beneficios de la reforma energética se empezarán a ver en el verano del 2016, cuando bajarían las tarifas eléctricas y aseguró que es totalmente falso que con estas decisiones se vaya a provocar una quiebra de las finanzas públicas.

 

Videgaray Caso precisó la posibilidad de que el gobierno federal asuma directamente una parte del pasivo laboral de Pemex ocurrirá siempre y cuando la empresa y sus trabajadores alcancen un acuerdo para reformar el régimen de pensiones en un lapso no mayor a un año y calificó como una buena idea tanto para la paraestatal como para las finanzas del país.

 

Dijo que uno de los objetivos de la reforma energética es fortalecer a Pemex ante un nuevo entorno abierto a la competencia y generar condiciones de mejores precios para los consumidores.

 

Mencionó que de acuerdo con los cálculos más recientes, el pasivo pensionario de la empresa ronda los 1,7 billones de pesos, cifra cercana al 10 por ciento del Producto Interno Bruto de México.

 

Dijo que la medida propuesta no ordena ni obliga a cambiar el contrato colectivo de trabajo, pero sí es una opción que habrán de decidir Pemex y sus trabajadores, que es la de modificar o no el régimen pensionario.

 

El gobierno federal, dijo, podrá asumir una proporción del pago de pensiones y jubilaciones por un monto equivalente a la reducción en el pasivo laboral que resulte de la reforma de pensiones que se acuerde. Es decir, por cada peso de ahorro que la reforma pensionaria genere, el gobierno asumiría otro peso.

 

Y previó que si la empresa y los trabajadores acordaran una reforma pensionaria que reduzca en 2 por ciento del PIB el pasivo laboral, el gobierno federal asumiría otro 2 por ciento del PIB de dicho pasivo; es decir, el pasivo pensionario de Pemex se reduciría de 10 a 6 por ciento del PIB.

 

Insistió en que la realidad es que el impacto neto sobre las finanzas públicas nacionales sería positivo ya que Pemex es y seguirá siendo parte del sector público federal.

 

Por ello, todos los gastos que hace Pemex, incluyendo los pagos de pensiones y jubilaciones, son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, su deuda pensionaria es pública.

 

Por ello, insistió, dar un peso de pago de pensiones de Pemex al gobierno federal no modificaría el gasto público, sería un cambio en el lugar en que se registra en el presupuesto federal.

 

Asimismo, trasladar un peso de deuda pensionaria de Pemex al gobierno no incrementaría la deuda pública total, pues la deuda de la empresa pública ya es hoy deuda pública.

 

Refirió que igual que las reformas a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado en 2007 y al régimen pensionario del IMSS y la CFE en años posteriores, una reforma al régimen de pensiones de Pemex fortalecería no solo las finanzas de la entidad, sino a la hacienda pública.

 

Dijo que la decisión final corresponderá exclusivamente a Pemex y a sus trabajadores, pero de adoptar estas medidas sería una buena noticia para las finanzas nacionales.