Entre gritos “pemexgate, pemexgate…” y con la toma momentánea de la tribuna por legisladores de izquierda, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la primera de seis minutas de la Ley reglamentaria sobre la reforma energética.
Hasta el cierre de esta edición, integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), funcionarios de la Presidencia de la República y legisladores federales cabildeaban modificaciones a la Ley Nacional de Hidrocarburos, particularmente sobre el derecho económico que obtendrían los dueños de las tierras explotadas.
De esta forma, el porcentaje que deberán pagar los contratistas a cada propietario de tierra explotada no sería menor a 0.5% ni mayor al 2% en cualquiera de los hidrocarburos extraídos del subsuelo mexicano.
Los tres frentes políticos detectaron que ante lo elevado del precio internacional del petróleo, los titulares de las tierras obtendrían, sólo para este caso, “altos” porcentajes por regalías al explotar sus tierras.
Así, los legisladores consideraban avalar este incremento sobre las ganancias a fin de “equilibrar el uso de sus tierras explotadas”, tomando como base que el precio del gas del mercado es más bajo que el precio del crudo.
Ayer se registraron un total de 793 reservas a diversos artículos que fueron desahogadas a lo largo de noche y madrugada de este martes.
El proyecto fue avalado, en lo general, por las fracciones del PRI, PAN, PVEM y Panal, quienes se pronunciaron a favor con 330 votos, mientras que los del PRD, MC y PT se manifestaron en contra de la expedición de la Ley de Hidrocarburos y las reformas a la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público Privadas, al registrar 129. No se registraron abstenciones.
Desarrollo y seguridad
Marco Antonio Bernal, presidente de la comisión de Energía, aseguró que con estas modificaciones habrá un desarrollo y seguridad energética, indispensable para revitalizar el conjunto de las actividades asociadas a la industria de los hidrocarburos.
Aseguró que este sector volverá a ser el motor de las inversiones y el crecimiento sostenido del país y aseveró que, con ello, se consolidaría la soberanía de la nación sobre los recursos de subsuelo, además de que se aprovecharían para generar un desarrollo sustentable y un bienestar para las generaciones presentes y futuras.
Las protestas
Durante la sesión extraordinaria, los legisladores de izquierda expusieron decenas de pancartas con letreros que cuestionan la legalidad de la reforma energética y sus leyes secundarias, además de gritar consignas durante parte del debate.
En este sentido, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que de nada sirve hablar de seguridad energética si la nación pierde la soberanía sobre sus recursos estratégicos.
Advirtió que con el dictamen se pretende desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poder apoyar a los intereses privados nacionales y extranjeros en estas actividades.
“En esta iniciativa no se pone ninguna atención al medio ambiente, dejándolo en el segundo plano. Nada se establece en relación con la prohibición de las prácticas que dañan los ecosistemas, ni respecto a la fracturación hidráulica para la explotación de los hidrocarburos, a pesar de los daños irreversibles que genera”, dijo.
El michoacano afirmó que la postura de su bancada “no es una oposición terca, por decreto o mezquindad, es una postura que obedece a una profunda convicción de que entregar la riqueza petrolera de la nación a los particulares es un grave error”.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja (MC) consideró que el proyecto es una clara “traición a la patria”, ya que con la modificación constitucional se comprometió la seguridad energética y los intereses nacionales, con la entrega de recursos estratégicos a las trasnacionales.
Calificó la reforma como el desmantelamiento de Pemex y CFE, así como la entrega de la renta petrolera, ya que no se precisa el porcentaje de ésta, producto de los yacimientos explotados por las trasnacionales que ingresarán a las arcas nacionales.
Asimismo, acusó que este reforma implica una mayor corrupción, pues se establecen “cláusulas de impunidad para que todos los servidores públicos que den contratos que asignen estos negocios jugosos, estén cubiertos de sus robos y latrocinios”.
“Porque no bajarán las tarifas de la gasolina, la luz ni el gas; por el crimen ecológico, sanitario y de derechos humanos con el fracking; la afectación a las finanzas de los estados y municipios con el nuevo esquema de reparto de los ingresos petroleros”, manifestó.
Consideró que con las modificaciones se incrementaran los impuestos para compensar la renta petrolera que se dejará de recibir, además de continuar con el aumento de los precios de las gasolina, gas, diésel y electricidad.