BARCELONA. Jordi Pujol, quien fue presidente del gobierno autónomo de Cataluña durante 23 años, fue denunciado ante un tribunal de Barcelona por delitos de corrupción y fraude fiscal en relación a fondos no declarados y depositados en paraísos fiscales.
El sindicato Manos Limpias, que denunció el presunto caso de corrupción en el que están imputados la hermana del rey Felipe VI, Cristina de Borbón, y su marido, Iñaki Urgangarin, acusó a Jordi Pujol por los delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo, y a su esposa, Marta Ferrusola, como cómplice.
La denuncia fue presentada después de que el propio Pujol confesó que durante los últimos 34 años mantuvo oculto fuera de España el dinero procedente de una herencia de su padre, destinado a sus siete hijos y a su esposa, que acaban de regularizar.
En la clase política se suceden las reacciones de estupor y decepción con un hombre al que se le trataba de “honorable”, y tanto desde el Partido Popular (en el Gobierno) como Pedro Sánchez, nuevo líder del partido socialista español (PSOE) -la mayor fuerza de la oposición-, le piden explicaciones.
El partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC) que fundó Pujol, también expresó “tristeza y decepción”, a la vez que le pidió explicaciones y estudia refundar la formación, actualmente gobernante en Cataluña.
Además, el caso estalla en medio del desafío lanzado por el sucesor de Pujol al frente del CDC y del gobierno catalán, Artur Mas, con su propuesta de llevar a cabo una consulta soberanista en Cataluña.
Mañana, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recibirá a Artur Mas, ante el que previsiblemente insistirá en que dicha consulta no está contemplada en la Constitución español y probablemente se hablará también del caso de Pujol.
El sindicato Manos Límpias afirma en su denuncia apreciar indicios de que al dinero procedente de la herencia del padre de Jordi Pujol se han ido acumulando ingentes cantidades de capitales, cuyo origen no determina.
En su escrito, Manos limpias apunta a un supuesto informe del grupo de la Policía Nacional contra delitos económicos (UDEF) según el cual durante la etapa de gobierno de Pujol en Cataluña -de 1980 a 2003- presuntamente se cobraban comisiones del 4% para la adjudicación de obra pública, del que el 2.5% iba para financiar a CDC y el otro 1.5% a los bolsillos de la familia Pujol.