El rescate parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) no es un factor que afecte las finanzas públicas y deteriore la calificación riesgo país, porque el gobierno federal cuenta con amplio espacio fiscal para asumir el gasto, aseguró Mauro Leos, analista soberano de Moody’s para México.

 

“Si a raíz de los pasivos laborales de Pemex, el Producto Interno Bruto (PIB) se moviera significativamente eso es algo que entonces tendríamos que analizar”, manifestó el economista.

 

“Aunque no necesariamente significa que debamos cambiar la calificación, ya que dependerá de cuánto es la deuda y lo rápido que se disparara”, precisó.

 

El experto explicó que si los pasivos laborales llegaran a disparar el tamaño de la deuda de 30% a 40%, entonces si sería una sorpresa y quizá una razón para evaluar la situación crediticia de la economía mexicana.

 

En febrero de 2014, la calificadora estadunidense aumentó la categoría crediticia de México de Baa1 a A3, con perspectiva positiva por la agenda de reformas estructurales emprendidas por el gobierno de Enrique Pela Nieto y aprobadas por el Congreso de la Unión.

 

Añadió que el pasivo laboral de Pemex y CFE no estaba contemplado el día en que se modificó la calificación riesgo país de la economía mexicana, pero, a pesar de ello, México es fuerte en términos fiscales cuando se le compara con Brasil, Malasia o Polonia.

 

Los contingentes laborales de la paraestatal resultan un tema relevante con posibles implicaciones en materia de finanzas públicas, por lo que es positivo resolver el problema antes que la inacción, dijo.

 

Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ve positivo el rescate de Pemex y CFE, quienes tienen un pasivo por cerca de asciende mil billón 800 mil millones de pesos, que equivale a 10% del PIB.

 

 

Riesgos para petroleras

 

Por separado, la agencia explicó en un análisis que las petroleras Pemex, Ecopetrol, Petrobras, YPF y PDVSA enfrentan el deterioro de sus indicadores crediticios, lo cual puede agravarse por los agresivos planes de inversión.

 

“Gastarán más de 100 mil millones de dólares anuales en los próximos años para financiar sus proyectos offshore y la deuda que tendrán que contratar representará un riesgo adicional para los tenedores de bonos”, señaló Nymia Almeida, una vicepresidente senior de la oficina de crédito de Moody’s.

 

La analista comentó que todas las compañías gozan de altos niveles de soporte gubernamental, pero algunas enfrentan importantes riesgos operativos y políticos.

 

“Las compañías petroleras paraestatales de América Latina invierten agresivamente para satisfacer las necesidades energéticas de sus naciones”, comentó Almedia.

 

La guerra con el movimiento de insurgencia de las FARC en Colombia genera frecuentes ataques a la infraestructura energética del país, lo cual podría limitar el incremento en la producción de Ecopetrol, señaló.

 

“Petrobras es la que enfrenta el mayor riesgo operativo y se encuentra obstaculizada por las políticas de precio de la gasolina y el diésel que establece Brasil. Argentina y Venezuela presentan condiciones difíciles para YPF y PDVSA, respectivamente, y desde luego para los negocios en general”, opinó.

 

En México, Pemex depende de la debida ejecución de la nueva ley energética para lograr sus objetivos de producción, comentó Nymia Almeida.

 

Las reformas estructurales aprobadas permitirán incrementar el potencial del crecimiento económico del país en el mediano plazo, lo cual traerá como consecuencia una revisión al alza de la calificación, pronosticó Mauro Leos.

 

“México podría mejorar en el mediano plazo en la medida en que los cambios estructurales cuadren los estimado, entonces existirá la posibilidad de mejorar la calificación”, dijo analista soberano de Moody’s para México.

 

En los próximos años, el potencial de crecimiento del PIB nacional pase de un rango actual de 2 a 3% a 3 a 4%, pero será paulatino y muy posiblemente sea hasta 2018 cuando la mejora de la economía mexicana por las reformas estructurales estén consolidadas, agregó Leos.