En México, considerado uno de los “paraísos mineros” en el mundo por su laxa legislación y las facilidades fiscales que otorga a las empresas del ramo, los salarios bajos, trabajos riesgosos, contaminación, escasez de agua y despojo de tierras son algunos de los problemas que enfrentan trabajadores y comunidades vinculadas a esta actividad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló a México como uno de los cuatro países de la región con mayor número de conflictos socioambientales provocados por la extracción de minerales. En tanto, el estudio “La Minería en México”, de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, muestra las ventajas fiscales, legales y de mano de obra que tienen las empresas mineras para afincarse en el territorio nacional,
En este contexto, la aprobación de un dictamen de decreto de Ley de Hidrocarburos y una reforma a la Ley Minera que conlleva la explotación de nuevos yacimientos y la participación de las empresas de este sector en las industrias del gas y petrolera, amenaza con la conformación de nuevos conflictos al priorizar la “utilidad pública” de hidrocarburos por encima de la propiedad social.
La contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, así como la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, son algunos de los elementos que señaló la Cepal como detonantes de los conflictos mineros en el país, mismos que crecerían con la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos.
Por otra parte, el organismo internacional apuntó que desde hace una década la industria minera ha logrado tasas de crecimiento anual que duplican e, incluso, triplican el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Tan sólo entre 2005 y 2012, la minería creció en promedio 5.4% mientras que el PIB lo hizo sólo en 2.4%.
No obstante, la Cepal subrayó el hecho de que pese al crecimiento minero, en México persisten altos niveles de pobreza en diferentes modalidades, sobre todo en entidades donde se ha desarrollado la industria como Guerrero y San Luis Potosí, las cuales aportan 13% y 7% de la producción de oro, respectivamente.
De acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, en los últimos 30 años el régimen fiscal de derechos sobre minería en México se orientó a reactivar el desarrollo y la inversión privada en la industria en un contexto internacional de bajos precios de los metales y minerales, lo que permitió el crecimiento de las empresas en un “paraíso minero”. Además, el país cuenta con mano de obra barata que le da un plus a la actividad en territorio nacional.
Siete de cada 10 trabajadores mineros mexicanos perciben un sueldo por debajo de los cinco salarios mínimos, es decir, unos 3.26 dólares canadienses por hora, mientras que en Canadá (país con mayor inversión en la minería en México) estos trabajadores reciben una remuneración entre 26 y 30 dólares canadienses por hora, advierte el estudio de la instancia adscrita a la Secretaría de Gobernación.
El documento recoge también los señalamientos hechos el año pasado por el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde advierte que los conflictos entre pueblos originarios y mineras en México se han incrementado debido a la falta de respeto a los derechos de consulta y al territorio de las etnias, un fenómeno que, de acuerdo con organizaciones agrarias y sociales, podría crecer a raíz de la inclusión de figuras como la “ocupación temporal” y la “servidumbre legal” en las leyes secundarias de la reforma energética.
Radiactividad, otra amenaza del fracking
Además de la contaminación de los acuíferos y de la atmósfera, así como movimientos sísmicos por inducción, la técnica de la fractura hidráulica o fracking para extraer gas del subsuelo también podría generar radiactividad, de acuerdo con un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
El reporte presentado la víspera en aquel país, mientras México ratificaba el uso de la técnica de fractura hidráulica para extraer gas asociado a lutitas o shale, arroja que entre los elementos inorgánicos que se liberan durante el fracking está el uranio.
El núcleo de este elemento tiende a desintegrarse emitiendo radioactividad y da lugar a otro elemento por trasmutación como el radón, un gas inodoro, incoloro, insípido y soluble, advierte el reporte “Recomendaciones ambientales en relación con las medida preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica”.
El documento agrega que las partículas de radón son altamente ionizantes, por lo que una vez en el aire se adhieren a aerosoles, polvo y otras partículas suspendidas que, al respirarlas pueden dañar el organismo e, incluso, causar cáncer pulmonar.
La revelación coincide con la ratificación en México de esta práctica para la obtención de gas asociado a lutitas o shale, que se pretende sea sustituto del combustóleo en la generación de energía eléctrica.
Diversos estudios han identificado formaciones generadoras de gas shale en el noreste y sureste de México, principalmente regiones como la Cuenca de Burgos, Tampico-Misantla, Sabinas, Chihuahua, Veracruz y la plataforma Burro Picachos. No obstante, especialistas y algunos legisladores se han pronunciado en contra de esta técnica debido a sus amenazas ambientales.
De acuerdo con Benjamín Robles, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste en el Senado, la explotación de hidrocarburos con técnica del fracking estaría además dejando sin agua a 16 millones de personas y graves daños a la salud.
En España, los partidos de izquierda y la sociedad civil se han pronunciado desde hace tres años en contra de la fractura hidráulica en más de 400 municipios, en protestas que han alcanzado eco internacional al sumarse a la iniciativa Global Frackdown, iniciativa mundial que este año celebrará el tercer Día Internacional contra el Fracking, el 11 de octubre próximo.
En México, organizaciones civiles, legisladores y académicos también han mostrado su rechazo ante esta práctica, la cual ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y regresará al Senado para ser enviada posteriormente al Ejecutivo en espera de ser promulgada.
Instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León han advertido de las consecuencias de inyectar fluidos a alta presión, lo que provoca terremotos leves. Además, ambientalistas y asociaciones campesinas alertan sobre la aparición de tóxicos en el agua utilizada que, tras volver a la superficie, contamina el territorio y causa problemas para los habitantes de la zona, la biodiversidad, flora, fauna, agricultura y ganadería.