Mientras que en México el Congreso discute absorber los monumentales pasivos laborales de Pemex, una corte de Houston, Texas, ratificó un fallo de un gran jurado contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que otorga a la empresa texana Arriba Limited el derecho a recuperar, por cualquier vía legal, daños por millones de dólares derivados de incumplimiento de contrato.
De acuerdo con un reportaje de Dolia Estévez, en MVS Noticias, el monto de la sentencia “fluctúa entre 426 millones de dólares y 1.4 mil millones de dólares, dependiendo del cálculo de los intereses acumulados a lo largo de los 30 años de litigio”.
El fallo, de 9 páginas, fue dictado el 15 de julio por la juez Sylvia Matthews del Distrito Judicial 281 del Condado de Harris, en Houston, Texas.
Debido a la forma en cómo se redactó el contrato original en 1984, mediante el cual el sindicato se comprometió a vender seis millones de barriles de petróleo que nunca fueron entregados, el fallo especifica que Arriba tiene derecho a hacer cumplir el dictamen en cualquier lugar del mundo y por la vía legal que sea, con la excepción de México.
Esto quiere decir que Arriba está en libertad de confiscar propiedades y pertenencias del sindicato petrolero y de Romero Descampas que se encuentren fuera de México.
El fallo de la corte no especifica las propiedades que pudieran ser sujetas a confiscación. Sin embargo, en medios jurídicos se ha ventilado que Romero Deschamps y sus hijos, José Carlos y Paulina Romero Durán, así como altos dirigentes del sindicato y otros familiares, tienen propiedades y activos no sólo en Estados Unidos sino en otras países, que presuntamente fueron adquiridos con fondos del sindicato.
De acuerdo con la información revelada por MVS Noticias, se dice que Romero Deschamps también podría poseer propiedades a nombre de familiares o de prestanombres en Las Vegas y Texas.
Como botón de muestra, en mayo de 2013, el periódico Reforma informó que José Carlos Romero Durán, hijo del líder sindical, es dueño de dos departamentos en un condominio de lujo en una exclusiva zona de Miami Beach, por los que pagó 7 millones 550 mil dólares.
Bajo el reciente fallo, los abogados de Arriba quedan autorizados a tomar acción legal para proceder a confiscar dichas propiedades y otros activos de comprobarse que fueron adquiridos con fondos del sindicato.