Organizaciones civiles denunciaron violaciones a los derechos de la etnia indígena yaqui en la consulta sobre la construcción de un acueducto en Sonora y exigieron al gobierno federal muestras de buena fe para llevar a buen término el proceso.

 

La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui refirió en una rueda de prensa en Ciudad de México que el pasado 5 de julio en la localidad de Vícam, Sonora, los líderes yaquis anunciaron la suspensión del proceso de consulta debido a diversas violaciones por parte de las autoridades.

 

“De acuerdo con los estándares internacionales la consulta debe ser previa, informada y libre, principios fundamentales que han sido incumplidos de manera sistemática por parte de las autoridades mexicanas”, señalaron las organizaciones nacionales e internacionales.

 

Añadieron que la consulta, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto de 2013, no ha sido previa ya que el Acueducto Independencia, materia de la disputa, se encuentra en operación incluso desde antes de que se pactaran los mecanismos para realizarla.

 

Tampoco ha sido informada, “pues el Estado mexicano no ha entregado la totalidad de la información solicitada, lo que ha retrasado el proceso mismo y constituye una falta a su obligación de dar la información necesaria a la Tribu Yaqui para que ésta pueda tomar su decisión” sobre el proyecto.

 

“Finalmente, la consulta no ha sido libre, ya que existen órdenes de aprehensión contra Tomás Rojo y Mario Luna, los únicos dos voceros y representantes de la Tribu encargados de establecer los enlaces con el Estado Mexicano, hecho que constituye un acto de coacción por parte de las autoridades”, añadieron.

 

Para que el proceso de consulta pueda reanudarse, la Misión Civil hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas “suspender de forma urgente la operación del Acueducto Independencia, para evitar seguir causando un daño irreparable a la tribu y lesionar el carácter previo y la buena fe de la consulta”.

 

Entre las decenas de organizaciones participantes en la Misión figuran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat, y Food First Information and Action Network.

 

El 7 de agosto del año pasado, la SCJN determinó que el Gobierno de Sonora debía suspender la operación del Acueducto Independencia, que tiene por objeto llevar agua de la cuenca del Río Yaqui para abastecer a Hermosillo, la capital estatal, si se determina que la obra causa un “daño irreparable” a la comunidad indígena yaqui.

 

La Corte ratificó el derecho constitucional de los pueblos indígenas a ser consultados sobre obras que afecten sus recursos. Los yaquis argumentan que el acueducto les dificulta gravemente su capacidad para acceder al agua.

 

En su fallo, la SCJN ordenó a las autoridades realizar “a la mayor brevedad posible” la consulta a la comunidad yaqui, en cuyo desarrollo se deberán “recabar los elementos necesarios para determinar la existencia de alguna posible afectación a los derechos de la comunidad indígena”.

 

En caso de que se demuestre tal afectación, se deberán “ponderar los intereses en juego” y tomar las medidas necesarias para resarcir o aminorar los perjuicios, “pudiendo llegar, en caso necesario, a determinar la suspensión de la operación” del acueducto.

 

La comunidad yaqui está formada por unas 45.000 personas distribuidas en ocho pueblos y 56 localidades del noroeste de México.