WASHINGTON. La vocera Marie Harf dijo en un comunicado que esta medida “subraya nuestro compromiso para que los individuos que violan derechos humanos sean responsables y rindan cuentas por sus actos”.
Agregó que el gobierno de Caracas respondió con “detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza” a las protestas callejeras que dejaron 43 muertes en varias ciudades del país, según las cifras del gobierno venezolano.
Harf dijo que no identificará públicamente a las personas afectadas con la medida, aduciendo normas legales relacionadas con el respeto a la privacidad.
La medida afecta a unos 24 jerarcas venezolanos, incluyendo a integrantes del gabinete, funcionarios judiciales y comandantes policiales y militares, dijo a la Agencia AP un empleado del Congreso que solicitó el anonimato porque no está autorizado a conversar con periodistas.
Desde Caracas, el canciller Elías Jaua dijo que las autoridades venezolanas no han recibido hasta el momento ninguna notificación oficial de la medida del Departamento de Estado, e indicó que “la esperaremos y evaluaremos”.
“Nosotros entendemos todas estas agresiones del Departamento de Estados Unidos como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está cambiando y no tienen otra forma de relacionarse con esa nueva realidad que no sea el atropello y la prepotencia imperial”, afirmó Jaua en conferencia de prensa.
“Bienvenido sea pues su furia si lo que se intenta cobrar a Venezuela es el papel por luchar por una América Latina unida, una América Latina de desarrollo”, agregó.
Al ser preguntado sobre sí esta decisión podría afectar la situación de las relaciones entre Caracas y Washington, el canciller expresó que “nosotros seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo en tener relaciones con todos los gobiernos del mundo. La condición: respeto, tratamiento de igualdad…no injerencia en los asuntos internos, y en el marco del derecho internacional garantizar la convivencia pacífica.
Jaua descartó que Venezuela haya ejercido presiones contra Holanda para lograr la liberación del mayor general retirado Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, quien fue detenido temporalmente la semana pasada en Aruba por petición de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, y dijo que las autoridades venezolanas solo utilizaron “argumentos jurídicos y diplomáticos”.
“Nosotros no somos como Estados Unidos. Nosotros no presionamos a nadie. Nosotros no chantajeamos a nadie. Nosotros andamos con la verdad, con la ley, con el derecho internacional por delante”, acotó.
Estados Unidos anunció hace tres días que contaba con informes verosímiles de que Caracas amenazó a Holanda, Aruba y otros gobiernos para obtener la liberación de Carvajal, un mayor general retirado que enfrenta cargos por narcotráfico en tribunales norteamericanos.
Marco Rubio aplaude pero quiere más
WASHINGTON. El senador republicano Marco Rubio, aplaudió la revocación de las visas de varios funcionarios del Gobierno de Venezuela anunciadas por el Departamento de Estado, pero dijo que solo son “un primer paso”.
Rubio, promotor de un proyecto de ley presentado en el Senado para precisamente imponer sanciones a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos, dio la bienvenida a la medida adoptada por el Gobierno, pero solicitó que también se ordene la congelación de los activos que esas personas puedan tener en EU.
“El Gobierno de EU debe utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para responsabilizar al régimen de Maduro de sus violaciones de los derechos humanos”, dijo el senador por Florida.
“La Administración de Obama ha dado un primer paso importante al anunciar la prohibición de visados que restrinjan los viajes de los violadores de los derechos humanos y sus familias a EU. A esta acción le debe seguir la congelación de activos también”, agregó.
Rubio se refirió al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes estadunidense y promovido por la legisladora Ileana Ros-Lehtinen, que ya obtuvo el beneplácito de la cámara baja, y a su propio texto, impulsado también por los demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson en el Senado.