Para los proyectos de extracción de hidrocarburos en territorio nacional, las secretarías de Gobernación y Energía serán las encargadas de elaborar protocolos y otros instrumentos que regirán las consultas previas con los campesinos.
El documento “La reforma energética, 11 preocupaciones y respuestas”, que las dependencias federales entregaron, en reuniones privadas, a organizaciones campesinas para tratar de explicar los beneficios de la reforma energética, revela que dichas dependencias serán las responsables de los procesos de consulta previa.
Lo anterior significa que estarán facultadas para persuadir -con evaluaciones de impacto social, medidas de mitigación y planes de gestión social- a los ejidatarios o comuneros para que autoricen el uso de sus tierras para la extracción de hidrocarburos.
Ante el rechazo a la reforma energética de los sectores agrarios, el pasado 28 de julio en las instalaciones de Gobernación, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codlwell, entregó a dirigentes campesinos dicho documento, que puntualiza que la reforma energética no contempla la expropiación de tierras. En cambio, utiliza términos, como el arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal y compra-venta.
La propuesta federal
Al entrar en vigor las nuevas leyes del sector energético –aún en discusión en el Congreso de la Unión- y en caso de que un empresario requiera de un terreno ejidal o comunero para la explotación de hidrocarburos o gas, se someterá “a un proceso de negociación transparente y con reglas claras, y a un sistema de contraprestaciones justas”.
Asimismo, el texto de 12 páginas detalla que el contratista (empresario) podría adquirir bienes o servicios que presten los propietarios de las atierras y formar parte de proyectos y desarrollo de la comunidad.
En cuanto a las contraprestaciones, el gobierno garantiza a los campesinos que recibirán una renta por la utilización del terreno; pagos por afectaciones de bienes de la tierra (animales, árboles, vehículos, etc.); previsiones por daños y perjuicios, y acceder hasta a un 2% de los ingresos de los contratistas, después de descontar los pagos a favor del Estado.
A través de este escrito, entregado en presencia del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, el gobierno federal precisa que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también vigilará las negociaciones entre los empresarios y ejidatarios, donde también podrán participar la Procuraduría Agraria y testigos sociales.
Usarán fracking
Uno de los principales temas que preocupan a los campesinos y por los que han realizado marchas en rechazo a la reforma energética, es el método de fractura hidráulica para extraer hidrocarburos, que, según los dirigentes campesinos, contaminarán los mantos acuíferos con los que se abastecen de líquido para riego y consumo.
Al respecto, la Secretaría de Energía asegura que en ningún caso se usará agua de los mantos acuíferos para consumo humano o uso agrícola; por el contrario, utilizarán agua de alta salinidad de acuíferos profundos ampliamente distribuidos en el territorio nacional, así como agua marina procesada y fluidos de retorno.
Mantienen preocupación
Las organizaciones campesinas no estuvieron conformes con las explicaciones ni el documento entregado por el gobierno federal, debido a que no perciben posibilidades de cambios en las leyes que están por aprobarse en la Cámara de Diputados.
“Difícilmente se vislumbra alguna posibilidad de cambio, las preocupaciones sobre el despojo de las tierras sigue latente”, declaró el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar.
Además de la presión con el gobierno federal, los campesinos acudieron al Congreso de la Unión para entregar sus propuestas de reservas mínimas de las leyes secundarias de la reforma energética, principalmente a la de Hidrocarburos. Sin embargo, ninguna fue tomada en cuenta en la votación de esta semana.