En los próximos días la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podría discutir -si no se retira antes la iniciativa- las Normas Generales de Ordenación 30 y 31 dirigidas a facilitar la construcción de vivienda “social” en el Distrito Federal.
El antecedente de estas normas a discusión está en la “Norma 26”, vigente, y que ha dado pie a un boom inmobiliario, a mi juicio necesario, pero desordenado, en donde además de todo, el pretexto de vivienda social termina rebasado por la realidad: vivienda residencial y media disfrazada de social a través de trucos legales.
De la revisión a los proyectos de Normas 30 y 31 percibo una ligera mejoría respecto a la Norma 26, en el sentido que los nuevos desarrollos inmobiliarios deben coincidir con la dotación de servicios públicos. Sin embargo, el número de colonias consideradas en las nuevas normas crece respecto a la 26, lo que nos indica un potencial riesgo de que el caos logrado por la Norma 26, se replique por toda la ciudad.
El problema, de entrada, es que tanto la Norma 26 como los proyectos de Norma 30 y 31 son instrumentos contrarios al espíritu de la planeación urbana. Subrayo la palabra planeación. Más aún, porque el boom inmobiliario (con Norma 26 o sin ella) ha replicado errores cometidos en México en las últimas décadas: desarrollos intensivos en automóvil en calles estrechas, nada de comercio en planta baja y sin revisar o actualizar la disponibilidad de servicios en la zona.
El Distrito Federal cuenta con 2.4 millones de viviendas y, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A. C., en el DF existe un rezago de 11.2%, es decir, más de 250 mil viviendas. ¿Dónde las queremos construir? ¿En el centro, en la periferia, en zonas industriales, densificando colonias unifamiliares? Claramente necesitamos más vivienda y más servicios, pero estos deben contar con la mejor ubicación posible en términos de servicios públicos y compensando sus impactos urbanos con beneficios locales.
El problema de incentivar la construcción de vivienda por la vía de “Normas Generales de Ordenación” es justamente que la ciudad desdeña la planeación, no ajusta los programas general, delegacionales o parciales de desarrollo y se brinca procesos de planeación, amén de que el resto de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal no articula su labor para mejorar la dotación de servicios.
Mi lectura es que sí necesitamos ordenamientos que faciliten la construcción de vivienda y en general el desarrollo inmobiliario, pero éstos deben ir acompañados de inversiones y decisiones para transporte, agua, drenaje, electricidad, salud, educación, etc., lo cual sólo puede darse mediante procesos estructurados de planeación.
Con una necesidad presente de 250 mil viviendas, más el crecimiento natural del mercado de la vivienda (3% anual significaría casi 75 mil viviendas por año), no podemos pensar que las decisiones en materia de vivienda serán localmente democráticas, con planes parciales castigados por vecinos celosos. Debe escucharse a los vecinos pero debe dominar el criterio técnico.
No percibo, sin embargo, que las Normas 26, 30 o 31 hayan sido creadas con criterios meramente técnicos: hay claros intereses de los empresarios del ramo, no hay participación de secretarías distintas a la de Desarrollo Urbano y Vivienda, y no hay un diseño de ciudad a promover a partir de estas normas. Éstas sólo son reactivas.
Mi propuesta sería generar una norma temporal, con máximo dos años de vigencia, y sustituirla luego por nuevas versiones de la Ley de Desarrollo Urbano, del Programa General de Desarrollo Urbano y de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, pero esta norma debería contar con ciertos criterios básicos de convivencia e integración con lo que ya existe en las colonias donde se detone el desarrollo, y por supuesto con compromisos de actuación de todas las secretarías del Gobierno del Distrito Federal.