Desde el momento de su detención, traslado a la Procuraduría estatal, y todo el proceso hasta su consignación, José Manuel Mireles y sus compañeros detenidos padecieron de irregularidades que hacen, según sus abogados, sentenciarlos por los delitos que se les acusan.
En conferencia de prensa, encabezada por Talía Vázquez Alatorre, y los abogados que llevan el caso del comunitario preso en un penal federal de Sonora, señalaron que la detención del Mireles Valverde no fue en flagrancia delictiva como informaron las autoridades.
Sin embargo, en todo el proceso, acusaron, se dieron irregularidades en el debido proceso. En primera instancia, Vazquez Alatorre refirió que el parte policial del personal de la PGJ estatal no es acorde a los hechos, debido a que la detención del activista y sus escoltas se hicieron por parte de elementos del Ejército, como fue evidenciado en diversos videos que presentaron.
La defensa señaló que la cadena de custodia no fue cumplida por los policías que supuestamente realizaron, ademas de una flagrante manipulación de las pruebas. Empezando por el hecho, según los abogados, de que la camioneta del doctor donde presuntamente hallaron drogas y armas de uso exclusivo tenía la puerta abierta, y era evidente la manipulación.
Además de tortura psicológica, Mireles Valverde fue violentado en su puesta a disposición debido a que no hubo inmediatez desde el momento de su detención a la puesta a disposición de la Procuraduría estatal, la cual habría demorado alrededor de seis horas, cuando al tratarse de un helicóptero de la Policía Federal, el medio en el cual fue trasladado vendado del rostro, el trayecto no es mayor a una hora.
Durante su mensaje a medios, la defensa de Mireles intercaló argumentos legales con pruebas audiovisuales, difundidas en los mismo medios, que de acuerdo con los defensores dan constancia de que Mireles Valverde no cometió delito alguno y se trata de una detención por cuestiones políticas.