La tragedia en la mina de Pasta de Conchos en el 2006, donde perdieron la vida al menos 60 personas, fue el punto de partida para una serie de investigaciones en contra de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).

 

A ocho años de diversos litigios, amparos, órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición y de fichas rojas a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el líder gremial sigue refugiado en Canadá, cuyo gobierno se niega a entregar la orden para traerlo a México.

 

Dicha petición de la Procuraduría General de la República (PGR) está fundamentada ahora en la única orden de aprehensión vigente en contra de Gómez Urrutia, quien llegó a acumular 10 ordenamientos judiciales a nivel local y federal, por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, fraude, desvío de recursos, lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de confianza, falsificación de documentos oficiales, entre otras figuras delictivas.

 

En el 2006 se emitió una ficha roja de la Interpol, la cual estuvo vigente entre 2006 y 2012, pero se canceló por dos recursos que promovió la defensa en Lyon, Francia, para solicitar la remoción y cancelación ficha roja, toda vez que estaba sustentaba en tres órdenes de aprehensión, cuyos juicios se realizaron y que concluyeron con sentencias absolutorias.

 

De forma paralela promovieron un juicio de amparo que finalizó con una resolución del Primer Tribunal Colegiado en materia penal, que le ordenó a la PGR la cancelación de la acción inmediata de esta ficha roja.

 

El fraude

 

Hace ocho años los agremiados a la Cooperativa Beta de Plata demandaron a Gómez Urrutia, así como al Banco Scotiabank Inverlat por el fraude en perjuicio de 10 mil trabajadores de 11 estados de la República, y fue la Procuraduría de Sonora la primera en solicitar la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de desvío de recursos por 55 millones de dólares del Fideicomiso conformado por las ventas de acciones del gremio en 1988, del cual a los trabajadores les correspondía 5% de la venta, equivalentes al monto del fraude.

 

En 2004 el contrato del fideicomiso fue reformado para que los 10 mil trabajadores tuvieran derecho a una parte de ese dinero; el 22 de febrero de 2005 la dirigencia del sindicato minero consiguió la extinción del fideicomiso, y el 3 de marzo, Gómez Urrutia recibió 54 millones 84 mil 570.90 dólares como representante de los trabajadores mediante una transferencia a la cuenta 0146591035 de BBVA Bancomer, S.A.

 

Pero el dinero presuntamente fue enviado a otras cuentas del propio Gómez Urrutia, de Consultoría Internacional Casa de Cambio y diversos allegados al dirigente sindical, según consta en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, que identificó la ruta del desvío de los recursos de los trabajadores mineros.

 

De acuerdo con las acusaciones, por los menos 52 millones del Fideicomiso del SNTMMSRM se encuentran en cuentas bancarias del extranjero, y pese a que los abogados han referido que el dinero está intacto, hasta el momento no aparece, según refiere la parte gremial contraria a Gómez Urrutia.

 

Autoridades locales de Sonora, San Luis Potosí, Distrito Federal, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, así como de la PGR iniciaron averiguaciones en contra del líder, y a lo largo de estos ocho años, la defensa del inculpado a cargo del abogado Marco Antonio del Toro, han venido desacreditando los cargos, averiguaciones previas y órdenes de aprehensión, de las que sólo una queda vigente.

 

Asimismo, pese a que el 17 de abril del 2007 , la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) restituyó a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del STMMRM, un año después de que fuera depuesto por intervención del Grupo Minero México, actualmente el gremio sindical sigue reconociendo su autoridad, e inclusive emite comunicados desde sus exilio en Canadá.

 

¿Cómplices?

 

Luego que se ventilaran los presuntos actos de corrupción cometidos por el sindicalista, éste huyó de México, y obtuvo asilo y residencia permanente en Canadá, que hasta la fecha lo ha respaldado pese a las acusaciones y a ser considerado prófugo de la justicia por el Gobierno Mexicano, pues ha negado la extradición en reiteradas ocasiones.

 

Junto con Gómez Urrutia fueron investigados Héctor Félix Estrella y Juan Linares Montúfar, tesorero y secretario del interior del Sindicato Minero; además de Ángel Rocha Pérez, Carlos Pavón Campos, Baltasar Zárate García, Juan Luis Zúñiga; Gregorio Pérez Romo Velásquez y Constantino Romero, quienes ostentaban cargos dentro del sindicato.

 

Inclusive las pesquisas alcanzaron a la cónyuge de Napoleón, Oralia Casso Valdés, quien fue señalada por realizar movimientos bancarios de grandes sumas de dinero sin precisar el origen; en similar situación se encuentran Alejandro y Ernesto Gómez Casso, hijos del ex líder minero, así como Humberto Felipe de Jesús Torres, cuñado del agremiado.

 

En su momento, el entonces procurador federal, Daniel Cabeza de Vaca, manifestó que había por lo menos 200 denuncias en contra de Gómez, algunas de ellas se adjuntaron un solo expediente y por zonas federales, por lo que cada una de las órdenes solicitadas por cada una de le entidades agrupan varias demandas en contra del depuesto líder del gremio minero.

 

Ahora, sólo le resta una orden de aprehensión en contra del líder sindical, y desde el mes de febrero la Interpol no encontró elementos en sus archivos para girar la ficha roja en contra de Gómez Urrutia, y consideró que más bien se trata de un asunto político entre las autoridades mexicanas y el sindicalista.

 

“En consecuencia, se confirman sus anteriores conclusiones sobre el carácter predominantemente político de las denuncias presentadas por México contra el Sr. Gómez Urrutia, lo cual impide a la Comisión concluir con el registro en los expedientes de Interpol al contraponerse con las reglas de Interpol”, informó el órgano internacional a través de la notificación CCFI89/ Rl 33.12 / C323.1 4.

 

Sin embargo, el pasado jueves 7 de agosto Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR informó que les fue concedida la ficha roja de Interpol para detener a Napoleón Gómez Urrutia, sólo que para concretarla necesitan la autorización de la orden de extradición de la justicia en Canadá.

 

Reconoció que mientras el Juez de la Corte en Canadá no se pronuncie con respecto a la solicitud de extradición contra Gómez Urrutia, aunque el ex líder minero este localizable, no pueden ingresar a dicho país para detenerlo.