En su discurso de ayer el presidente Peña Nieto anunció 10 acciones de corto plazo derivadas de las leyes energéticas que promulgó en el acto celebrado en Palacio Nacional.

 

Fiel a su talante pragmático -recordemos las promesas de campaña con un notario público como testigo- el Presidente no sólo le puso fechas precisas a cada una de estas acciones, sino que adelantó el tiempo de su cumplimiento, por lo que la mayoría de ellas deberá llevarse a cabo en un plazo de 45 días; de aquí a finales de septiembre.

 

Por ejemplo, el mandatario se comprometió a que mañana miércoles la Secretaría de Energía dará a conocer los resultados de la Ronda Cero con los yacimientos que mantendrá Pemex, así como los primeros proyectos en los que va en alianza con privados y, simultáneamente, anunciará la Ronda Uno que serán las áreas a licitarse a las empresas privadas interesadas en la exploración y explotación de hidrocarburos. Originalmente la fecha máxima para dar a conocer la Ronda Cero se había contemplado para la segunda quincena de septiembre.

 

 

También el Presidente dijo que será en este mismo mes de agosto cuando se expidan los decretos para crear el Centro Nacional de Control de Gas y el Centro Nacional de Control de Energía, además de que enviará las nuevas candidaturas de consejeros independientes de Pemex, de CFE, del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, así como de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Hidrocarburos. Es decir que el Presidente se ha propuesto que, en este mismo mes, quede lista la integración de los órganos reguladores del sector energético.

 

Asimismo adelantó a septiembre la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que originalmente se daría en enero, así como la creación de otros tres fondos para el sector, a la vez que dará a conocer el programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos.

 

Mientras que para el mes de octubre deben quedar listos todos los reglamentos de la legislación secundaria que fueron aprobados en el Congreso, el decreto para reestructurar el Instituto Mexicano del Petróleo, así como los lineamientos para la certificación de energías limpias.

 

La lista continúa, pero sólo las acciones anteriores a realizarse en un muy breve tiempo llaman la atención.

 

Asumimos que algunas de estas acciones -como la Ronda Cero, por ejemplo- seguramente que ya están definidas desde hace algún tiempo, por lo que no tendrían por qué esperar para darse a conocer. En ese sentido es probable que el Presidente quiera enviar una señal de capacidad de ejecución de su gobierno frente a los cambios legislativos recientes.

 

También es razonable -dado el pragmatismo de Peña Nieto- que tome “al toro por los cuernos” con la crítica que reclama acciones urgentes en el sector energético.

 

Sin embargo -y más allá de estas consideraciones- Peña Nieto dejó ver cierta prisa en la implementación de acciones de suma importancia para el futuro del sector energético, cuya raíz -de ser así- debería preocupar.

 

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Me explico. La prisa del Presidente por la implementación de corto plazo huele a tiempos electorales. Las elecciones intermedias del próximo año, a celebrarse el 5 de julio en 17 estados están, prácticamente, a la vuelta de la esquina con dos datos duros que el jefe del Ejecutivo y su partido deberán revertir a la brevedad, antes que sea demasiado tarde: La baja popularidad del primer mandatario y las encuestas internas que revelan que el PRI perdería posiciones si las elecciones fueran ahora.

 

Así que al Presidente y al PRI les urge cambiar no sólo el clima de confianza en la marcha económica futura, sino los resultados económicos de corto plazo; y su mejor argumento a la mano es acelerar los tiempos de implementación de los cambios en el sector energético para liberar los proyectos de inversión privados -hasta ahora detenidos por razones de incertidumbre regulatoria- no únicamente en el ámbito energético, sino también en diversos sectores de la economía.

 

El hecho de que el Presidente -un político en esencia con un fuerte expertise electoral- supedite los tiempos de la implementación de las leyes secundarias a los tiempos electorales, entrañaría riesgos de ejecución en un país con una larguísima tradición de gobiernos que se han distinguido por ser malos ejecutores de leyes brillantes.

 

La construcción jurídica, funcional y organizacional de órganos reguladores de instituciones centrales para el sector, o de reglamentos y contratos a ser asignados a jugadores experimentados de una industria como la petrolera, no debiera ser un asunto de fechas fatales, si en ello se pone en riesgo la calidad y el futuro de estas decisiones.

 

Si la prisa presidencial que ayer percibimos responde a motivos político-electorales, habrá que preocuparse por los resultados en la implementación de la reforma.

 

SÍGALE LA PISTA…

 

El escándalo desatado en los círculos políticos de Brasil por la corrupción descubierta en la estatal petrolera Petrobras por presunto uso de recursos de la empresa para fines electorales, es motivo para escarbar en las potenciales rendijas de corrupción del “nuevo Pemex”.