CANCÚN. Los desarrolladores del proyecto Dragon Mart Cancún recibieron la notificación de la Profepa, sobre una multa por 7 millones de pesos, por lo que la analizarán para tomar las medidas al respecto, afirmó el director general del proyecto, Juan Carlos López Rodríguez.

 

Dijo que la empresa evalúa el contenido de la resolución, a fin de determinar las acciones a seguir respecto de la misma y que entre otras cosas, establece la referida multa económica aplicada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

 

“Se trata de un resolutivo de aproximadamente 150 hojas con complejas consideraciones de hecho y de derecho, así como distintas medidas correctivas y económicas que requieren de un análisis técnico-jurídico”, explicó.

 

Refirió que la Profepa inició en marzo pasado una segunda inspección al inmueble -conocido como “El Tucán”-, y que como parte del expediente se emitió la Resolución Administrativa PFPA/4.1/2.C.27.5/00006-14, fechada el 12 de agosto de 2014.

 

La resolución fue notificada el pasado 14 de agosto a la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, S.A. de C.V.

 

En un comunicado, precisó que la empresa refrenda su respeto al Estado de Derecho, a las instituciones y a las leyes mexicanas, resaltando que su inversión siempre “se ha realizado con estricto apego a la ley”.

 

Puntualizó que para el Dragon Mart Cancún, desde su concepción como negocio y diseño del desarrollo inmobiliario, la tramitación de permisos ha sido ante los tres órdenes de gobierno, y ahora durante la ejecución de la obra, ha cumplido y seguirá cumpliendo con la Ley.

 

En un comunicado explicó que Dragon Mart Cancún tiene los resultados de la visita de Inspección Extraordinaria en materia de Impacto Ambiental iniciada en marzo de 2014, por lo que evaluará en las siguientes semanas todas las consideraciones para proceder en consecuencia.

 

Recordó que Dragon Mart Cancún suscribió un contrato de promesa de compraventa del inmueble “El Tucán” en junio del año 2012, que la adquisición mediante escritura pública de compraventa se realizó hasta el 21 de febrero de 2013.

 

Indicó que ello fue toda vez que la empresa decidió no adquirir hasta en tanto se resolviera una inspección en materia de Impacto Ambiental y otra en materia Forestal, iniciada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en agosto y septiembre de 2012.

 

MG