En julio de este año se cometieron 200 secuestros en el país, de los cuales 185 fueron denunciados ante la PGR o alguna de las procuradurías estatales. La cifra es una disminución de 17% respecto a los plagios cometidos en junio, según los datos revelados ayer por la organización no gubernamental Alto al Secuestro.
Isabel Miranda de Wallace presidenta de dicha organización, dijo que de mantenerse un descenso de este nivel en los próximos meses, podría comenzar a hablarse de una “contención” del problema. Sin embargo, la activista dejó en claro que en realidad hay poco que celebrar, pues el número de plagios en el país continúa en niveles históricos.
Reveló que de diciembre del 2012 a julio del 2014, es decir, durante el actual sexenio, se han cometido 4 mil 809 secuestros, de los cuales 532 no llegaron ni siquiera al escritorio de un fiscal y sólo fueron atendidos por la policía.
En promedio se trata de 240 secuestros al mes, 57 secuestros a la semana, 8 secuestros al día, y 1 Secuestro cada 3 horas. Índices no vistos en el pasado.
“Tenemos una disminución importante de secuestros en julio del 17%. Si se sostiene es una señal de contención, sin embargo, no podemos hablar aún de una caída del problema pues este año seguimos con un incremento del 50 por ciento de los plagios en comparación con 2013”, dijo Wallace.
Según los datos de la organización, de enero a julio de este año suman mil 951 plagios, mientras que en el mismo periodo de 2013 fueron mil 301 casos.
Datos mentirosos
A la gravedad que ya representan estos índices, apunta Wallace, se suma la pobreza en cuanto a la calidad de la información y estadística que muestra mes con mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), debido a entidades que proporcionan información falsa o incompleta.
Puso como ejemplo al Distrito Federal que en el comunicado oficial CS2014-814 del 17 de junio pasado, emitidito por la Procuraduría de la ciudad, se informó que había procedido en contra de cuatro personas acusadas del secuestro de 11 personas en total. Sin embargo, la información que proporcionó al SESNSP fue de cuatro víctimas, no de 11.
“Hay que decirlo como es, están mintiendo en la cantidad de víctimas. Esta es la prueba de como el Distrito Federal está mintiendo en las cifras informando que sólo eran cuatro víctimas. (…) pero no se trata sólo del DF, en el Observatorio Nacional Ciudadano ya hemos visto varios casos de entidades que no dan información verídica o precisa”, dijo la activista.
A esto se suma que, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) se encarga casi de 50% de los plagios en el país, no se conoce públicamente el reporte mensual de averiguaciones previas que inicia.
Según la activista, la responsabilidad no es de la PGR, ya que la dependencia entrega el reporte mensual al sistema sobre los plagios que atiende, pero el SESNSP es el que decide bloquear ese informe y no publicarlo.
Un mito las unidades
Wallace confirmó que hasta ahora no hay una sola unidad antisecuestro en el país que funcione adecuadamente, ni siquiera en las 10 entidades con mayor incidencia. Consideró que la falta de presión federal o sanciones sobre los estados, contribuyen a que se siga incumpliendo este compromiso pactado desde el 2008.
Alto al Secuestro está realizando una revisión detallada del dinero que se ha invertido para estos fines pues podría existir desvío de recursos.
“Nunca transparentan los recursos que destinan a las unidades. Por ponerte un ejemplo me enteré que en Puebla, y estoy comprobándolo porque lo estoy viendo por transparencia, el dinero que se envió a la unidad antisecuestro lo ocuparon para un arco de seguridad del gobierno estatal. Urge la transparencia”, apuntó.
A lo anterior se suman varias carencias más como la escasez de personal capacitado y tecnología, la falta de homologación de protocolos, la ausencia del Sistema Único de Análisis de Información, el programa de atención a víctimas, entre otros.
No hay estrategia contra extorsión
Pese a que se trata de un delito que también ha crecido en los últimos años alcanzando niveles históricos, no existe al menos que se conozca, una estrategia específica para combatir a la extorsión ni siquiera en su forma más básica que es por teléfono, subrayó Isabel Miranda de Wallace
La activista recordó que 70% de las extorsiones telefónicas que se cometen en el país provienen de las cárceles que se localizan en Tamaulipas, el Distrito Federal y el Estado de México.
“Lo que es increíble es que hasta el día de hoy continúen sin instalarse los bloqueadores en las cárceles, el día en que esos bloqueadores se instalen se van a terminar de una sola vez mas de la mitad de las extorsiones”, dijo.
Si no se combate la extorsión telefónica, añadió la activista, menos se combaten extorsiones más complejas, como el “derecho de piso” que cobra el crimen organizado a negocios de todo tipo en varias partes del país.
Este diario publicó el pasado 8 de agosto que las extorsiones continúan afectado incluso a las gigantes trasnacionales del país, y que se estima que una de cada tres compañías extranjeras ya habría padecido alguna forma de extorsión.