En sus primeros 20 meses de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto logró que el Congreso aprobara un paquete de reformas constitucionales y de leyes secundarias de la mayor trascendencia para la vida económica y política del país.
El resultado es que pocas veces, como en esta coyuntura, un presidente de la República tiene a la mano un arsenal legal suficiente como para iniciar un verdadero proceso de transformación económica hacia las próximas dos o tres décadas.
Inclusive los opositores a sus reformas, desde la izquierda y la derecha políticas, han reconocido la importancia de debatir y aprobar reformas y leyes en asuntos como la competencia de mercados, las telecomunicaciones, las reglas político-electorales, la educación pública o la energía. Más allá de las naturales diferencias políticas, hay coincidencias en que el país avanzó en la legislación de temas estratégicos y que éstos abren oportunidades históricas.
Sin embargo hay un gran “pero” en toda esta fiesta reformista del presidente Peña Nieto y tiene que ver con la capacidad, transparencia, pulcritud y, por lo tanto, eficacia del gobierno en la ejecución de las leyes aprobadas y de las docenas de proyectos que de ellas se derivan.
Y es, ni más ni menos, el sector empresarial el de las mayores dudas al respecto. El mismo sector privado, local y extranjero, que será el que ponga las inversiones que detonarán los empleos y el crecimiento que se ha prometido desde el gobierno.
Lo interesante es que las dudas sobre la capacidad y calidad de ejecución del gobierno que han externado los empresarios, están fundamentadas precisamente en hechos concretos ocurridos a lo largo de los 20 meses de gobierno del presidente Peña Nieto, de diciembre de 2012 para acá.
Las dudas comenzaron con los empresarios de la construcción que no acaban de entender porqué el gobierno de Peña Nieto, tan pronto inició el sexenio, avaló la estocada final al sector de la vivienda llevándola a una verdadera crisis de solvencia.
Tampoco les quedó claro a los empresarios el marcado favoritismo en las licitaciones de las obras de infraestructura a empresas españolas y portuguesas desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un asunto que ha dejado mal sabor de boca en las grandes constructoras del país.
Un caso más que generó dudas fue la forma como se llevó a cabo la intervención de Oceanografía por parte de la Procuraduría General de la República para dejarla en manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, y que es un asunto que preocupa a los empresarios por el desaseo legal del caso.
Los propios banqueros se desconcertaron con los elementos de una reforma financiera que fue vagamente conversada con ellos y que se comunicó precipitadamente.
Y, claro, recientemente el caso de Capufe con el lío de las tarjetas IAVE y el presunto desaseo en la más reciente licitación que ganó la empresa de Roberto Alcántara y que, entre otros, reveló fuertes deficiencias en la ejecución de un proceso administrativo relativamente sencillo.
Estos casos no son los únicos en estos 20 meses de gobierno, pero para los empresarios son emblemáticos como para generar dudas y desconfianza no sólo en la capacidad de ejecución del gobierno, sino en su voluntad de cambio para alejarse de la corrupción.
Por lo tanto, esta presunción de una ejecución ineficaz de parte del gobierno, de las leyes aprobadas, hace que los cálculos empresariales arrojen resultados a plazos más largos y con menor espectacularidad que los que el gobierno -y el propio presidente Peña Nieto- están señalando en los medios de comunicación.
Así que las dudas -según los empresarios- han crecido junto con la aprobación de las reformas en estos 20 meses de gobierno. Se ha pavimentado el camino de la desconfianza en la eficacia de las reformas de Peña Nieto.
SÍGUELE LA PISTA…
El argumento de que la trayectoria de la productividad debe ir inexorablemente ligada a la del salario mínimo cada vez pierde más fuerza y más aún cuando vemos hacia atrás ambas trayectorias en los últimos 30 años y en sectores específicos. En la gran mayoría de los sectores los incrementos en productividad no se tradujeron en incrementos a los salarios.