Los daños ecológicos que provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre en el río Sonora por presunta responsabilidad de la empresa minera Buenavista del Cobre, darán la pauta para el “estreno” de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada el año pasado.

 

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, ésta será la primera vez que se aplique la legislación a una empresa para imponerle una multa de 40 millones de pesos, independientemente de los costos por la reparación de daños ocasionados por la emergencia ambiental y otras denuncias.

 

El pasado 7 de agosto, la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer un derramamiento de sustancias tóxicas provenientes de la mina de Cananea que se ha extendido por más de 200 kilómetros del río Sonora, casi a los límites de Hermosillo, afectando a siete municipios.

 

Por ahora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúa recabando pruebas para deslindar las responsabilidades de la compañía perteneciente a Grupo México, esto a la par de los diversos procesos jurídicos a los que se enfrenta, señaló el funcionario en una conferencia de prensa este martes.

 

Además de una denuncia penal contra la minera levantada por la Profepa, que será desahogada por la PGR, Guerra Abud indicó que las leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la de Aguas Nacionales facultan a la Federación para imponer multas por tres millones y dos millones de pesos, respectivamente, a la compañía.

 

La denuncia levantada por la Profepa es por delitos contra el ambiente, previstos y sancionados por el artículo 414 del Código Penal Federal, donde se establece una pena de uno a nueva años de prisión y una multa de 300 a tres mil días a quien “ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.

 

De igual modo, Guerra Abud subrayó que la Profepa investigará a la empresa para determinar que no haya incurrido en irregularidades, esto luego de que se comprobó que son falsas las declaraciones que dio sobre supuestas lluvias atípicas que se presentaron en la zona noroeste de Sonora que habían provocado el derrame.

 

Respecto a una posible clausura de la compañía, el funcionario federal indicó que “si la empresa ha cometido violaciones suficientes va a ser clausurada. Estamos revisando punto por punto para garantizar que cualquier decisión sea apegada a derecho”.

 

Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Conagua, David Korenfeld, reiteró que la compañía deberá asumir el gasto para monitorear durante los próximos cinco años el estatus ambiental del río, independientemente de la reparación del daño y multas que los municipios afectados demanden.

 

Korenfeld agregó que será el próximo viernes cuando la Conagua tenga los resultados de las tres empresas encargadas de analizar los niveles tóxicos de los ríos Bacanuchi y Sonora, así como de la presa El Molinito, luego del derrame ocasionado por la minera, los cuales tendrán que ser estudiados y comparados para determinar si es posible o no liberar el cerco que se estableció en esos ríos y la distribución de agua para consumo humano y otras actividades.