Además de la denuncia ante la PGR, la empresa minera Grupo México podría enfrentar una ola de demandas por el daño patrimonial causado a los habitantes y Ayuntamientos de Sonora por el derrame de sustancias tóxicas que afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi. Esto, aunado al riesgo de perder la concesión que le fue otorgada.
El pasado 7 de agosto, la Unidad Estatal de Protección Civil dio a conocer un derramamiento de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas provenientes de la mina de Cananea que se extendió por más de 200 kilómetros del río Sonora, lo que afectó a siete municipios.
La víspera, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés aseguró que su administración prestará abogados, tiempo y recursos para los ciudadanos y presidentes municipales para atender la emergencia ecológica que se vive en la entidad.
“Hemos estado viendo la posibilidad de hacer demandas colectivas ciudadanas, aparte de buscar todas las sanciones que merece esta empresa (Grupo México) por el daño que se ha causado a la zona”, dijo Padrés en una entrevista radiofónica.
Agregó que se están organizando con los alcaldes, productores y la unión ganadera en la entidad para exigir a Grupo México el resarcimiento del daño ecológico y patrimonial a los ciudadanos.
Derivado de la emergencia, delegados del gobierno federal viajaron a la entidad para responder ante la emergencia. En este marco se han tenido que abastecer de agua y víveres a más de 22 mil personas que se han visto afectadas.
Exigen sanciones
Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al gobierno del estado, a las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Conagua la suspensión de actividades en la mina Cananea.
Senadores y diputados de todas las bancadas aprobaron un punto de acuerdo en el que además se solicita a la SE cancelar la concesión otorgada a Grupo México, a consecuencia del daño ecológico y el riesgo en el que se encuentra la población, así como la flora y fauna de la zona.
Asimismo, se exhortó a la Conagua a interponer ante el Ministerio Público las denuncias correspondientes contra la empresa, mientras a la Procuraduría General de la República, se le pide que realice las investigaciones correspondientes a fin de determinar las sanciones que Grupo México deberá enfrentar.
Al presentar el punto de acuerdo ya aprobado, el diputado federal, Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), recordó que el derrame del que es responsable Grupo México, afectó gravemente a los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo, donde ante el cierre de 700 pozos, miles de personas no tienen abasto del vital líquido. Además recordó que la empresa no informó con oportunidad sobre el incidente, lo que impidió a las autoridades intervenir de manera inmediata.
Al aprobar el acuerdo, la permanente solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial que dé seguimiento al caso y se exigió a la empresa la reparación de los daños causados al medio ambiente, así como la indemnización para los afectados.