Con ocho votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%, para todo el territorio nacional.
Con ello, los estados fronterizos del norte y del sur dejarán de pagar la tasa preferencial de 11% decretado en 1995 para estimular la competitividad con los países con los que tienen límites territoriales, y deberán contribuir con el mismo porcentaje que todas las entidades del país.
El proyecto aprobado del ministro ponente, Sergio Valls, consideraba que la homologación de la tasa del IVA en 16%, en las zonas fronterizas no viola el principio de equidad y proporcionalidad tributaria.
En la discusión del tema, la mayoría de ministros coincidieron con el sentido del dictamen sobre que la reforma no viola el principio de equidad y proporcionalidad tributaria.
Por ello reiteraron su criterio formulado en la sesión del martes pasado, sobre todo al subrayar que la función del Poder Judicial de la Federación no es cuestionar las políticas públicas en materia fiscal, y no es posible entrar en análisis de tipo económico o sobre patrones de consumo para que haya un pronunciamiento sobre lo conveniente de dichas políticas.
Explicaron que la tasa diferenciada se aceptó por razones “extra fiscales”, que pretendía proteger en su momento a los empresarios y al consumo en dichas zonas del país, ante una situación de emergencia.
“De tal modo que si cumplen con el principio de equidad tributaria, el principio constitucional de igualdad tributaria, pues todas las razones que se hayan dado en relación con la justificación o de la situación anterior, no son más que aplicable para ella”, dijo el ministro Luis María Aguilar Morales.
Los argumentos
Los ministros consideraron que dicha medida tampoco afectaba la competitividad de las empresas y el desarrollo de las zonas fronterizas, y consideraron la decisión legislativa justificaba de manera razonable.
“En ese momento había dos tasas, había la tasa de 15% y existía la tasa de 10%, quienes son los sujetos o quien pide amparo, piden amparo los sujetos que se ubican en la tasa de 15% y que quieren una equidad con la tasa de 10%.”, dijo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
En contra del proyecto se pronunció el ministro Alberto Pérez Dayán, y José Ramón Cossío Díaz, sólo en relación con los argumentos de la competitividad.
“Creo yo que así leída, simplemente parecería que los fines extra fiscales pesaron más que el principio de equidad tributaria, cuando no lo fue”, dijo Alberto Pérez Dayán.
Mientras que José Ramón Cossío Días dijo: “sencillamente que aquí sí hay una ausencia completa de razonamientos y eso me parece que lleva a que por el elemento de la competitividad no se pueda sustentar este cambio, por estas razones en este considerando séptimo votaré en contra del proyecto, por la inconstitucionalidad”.