Es necesario y urgente que el Gobierno Federal tenga “acceso directo” a la información de las compañías telefónicas para reducir el tiempo de respuesta ante un secuestro o una extorsión, exhortó Andrea Ambrogi Domínguez, invitado del Consejo Nacional de Seguridad.

 

En México, la geolocalización de un teléfono móvil es un hecho, y así está sustentado en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero en casos de secuestro el tiempo es vital, y las compañías pueden demorar hasta 24 horas en dar la ubicación geográfica de un celular, indicó.

 

Con una interfaz directa que conecte los servidores de las empresas telefónicas con un centro de mando podría agilizarse ese procedimiento en cuestión de segundos, afirmó.

 

Este sistema incluso podría ayudar en la ubicación de alguna persona en caso de desastre natural, y optimizaría un proceso que hoy en día resulta un proceso “arcaico, lento y burocrático”.

 

Así lo planteó en entrevista exclusiva con 24 HORAS Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Puebla, quien presentó la propuesta con la finalidad de contar en el país con una herramienta tecnológica que ya opera en las policías de países como Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Brasil, entre otras.

 

“Se trata de contar con un algoritmo (programa) que cruce la información de las radiobases (antenas de telefonía móvil) de todas las compañías telefónicas para geolocalizar un celular en tiempo real, sin necesidad de triangular la información con las compañías y contar solo con la información de su radiobase”, sostuvo el activista.

 

De acuerdo con un documento de la Comisión Especialidad Electrónica y Comunicaciones de la Academia de Ingeniería al que este diario tuvo acceso, con una interfaz de dichas características el tiempo de respuesta en la geolocalización de un teléfono se reduciría a cinco segundos, y el objetivo (celular) sería ubicado en un rango de 20 a 30 metros.

 

Hoy en día ese proceso depende del tiempo de demora de las compañías telefónicas y el radio en el que ubican un móvil es de más de 200 metros.

 

“De ningún modo se pierde la privacidad, sólo se ubican los celulares. Con métodos de inteligencia no se violenta la privacidad de las personas, ni de sus datos personales (…) Para que la localización sea inmediata, la operación por parte de personal capacitado y experto debe ser directa, por ejemplo por la Coordinación Nacional Antisecuestros, y no a través de los operadores”, señala el documento firmado por Eduardo Castañón, presidente de dicha comisión.

 

En la ubicación de un móvil, “la telefónica sola no tiene esas capacidades, te va dar lo que le dan sus radiobeses, pero ellos no van a destinar un software para hacerlo más preciso, dan lo que les resulta. En cambio el gobierno sí tiene la posibilidad de adquirir un algoritmo de muchas más ventajas donde la localización sea inmediata, es decir paralela al tiempo en que se comete el delito”, reiteró Andrea Ambrogi.

 

Cuestionado sobre el mal uso de esa información, Ambrogi Domínguez rechazó que pudiera representar un riesgo debido a que actualmente ese procedimiento en aplicado por las compañías para fines de la propia empresa sin que haya un consentimiento de por medio de los usuarios.

 

“Las telefónicas te geocalizan desde siempre. Por ejemplo, si hablas a tu compañía y reclamas por algún monto extra o consultas tu estado de cuenta, el joven que trabaja en el call-center te especifica: ‘señor usted hizo esa llamada, a tal hora y en tal lugar’. Entonces, ¿Qué seguridad hay con triangular la información para localizar un celular con gente de las telefónicas?”, reviró.

 

Por tal motivo, el manejo de la información debe ser bajo altos estándares de seguridad, con la operación de un personal limitado, profesional, disciplinado, confiable, honesto y capacitado en aspectos de inteligencia policial y legalidad, instó el activista.

 

 

Qué dice la Ley

 

De acuerdo con el Artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán, “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes”.