El impacto del derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora no es sólo en materia ambiental. El siniestro ocurrido hace 18 días en la mina Buenavista del Cobre mantiene a seis mil niños fuera las aulas y a miles de pobladores con raciones de agua limitadas, en una región donde las temperaturas máximas en esta temporada supera los 30 grados centígrados.
Pero la afectación más grave es la incertidumbre en que se colocó a los habitantes y productores agropecuarios de siete municipios de la entidad, quienes temen que los mayores daños se resientan en semanas o meses.
Hasta ahora la población afectada se calcula en 22 mil personas por las restricciones en el abasto de agua y la suspensión indefinida del ciclo escolar para casi seis mil alumnos de educación básica. En tanto, ganaderos de la zona han tenido que tirar hasta tres mil litros de leche diarios a consecuencia de la contaminación del afluente.
Sobre esto último, será esta semana cuando la Secretaría de Economía del estado rinda un estimado de las afectaciones del derrame al sector agropecuario, el cual, según algunos productores, no luce prometedor en tanto que el suceso ha provocado que en el mercado decaiga la confianza hacia sus productos.
Ejidatarios y productores agrícolas manifestaron el fin de semana su temor de que las tierras de cultivo queden inservibles por la contaminación del subsuelo. La incertidumbre es el sentimiento generalizado entre los habitantes de Banamichi, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe, Arizpe y la zona rural de Hermosillo, afectados por el derrame de tóxicos en el principal afluente de la zona.
La población ha declarado en diversos medios locales que si bien han recibido apoyo inmediato de las autoridades, temen que en unas semanas o meses queden en el desamparo.
Hoy en día los habitantes de la zona reciben un garrafón diario de agua potable, además de que pasan las pipas dispuestas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para abastecerlos del recurso, sin embargo hay pobladores que tratan de guardar las raciones que más pueden ante el miedo de que en el corto plazo dejen de recibirla y que el río continúe contaminado como para utilizar el recurso.
Continúan derrames
Este fin de semana la Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectaron filtraciones en la represa construida de manera provisional por Grupo México, dueño de la mina Buenavista del Cobre, para contener el derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, por lo que ordenaron a la firma realizar la limpieza inmediata de las aguas contaminadas.
Ambientalistas y especialistas exigieron desde el viernes pasado una verdadera remediación de los daños, en tanto que los altos niveles de metales pesados que registra el Río Sonora, son muy dañinos para la salud y los ecosistemas.
De acuerdo con investigadores de la Universidad de Guadalajara, podrían llevarse hasta seis años para la recuperación parcial del río Sonora, esto si las lluvias son copiosas para permitir que los metales pesados vertidos en el cauce se dispersen.
Asimismo, Greenpeace México señaló en un comunicado la semana pasada que “el derrame en el río Sonora es sólo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos”.
Un estudio de la organización publicado el año pasado advierte que 70% de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, lo que provoca graves problemas de acceso al líquido vital, ya que la disponibilidad anual de agua por habitante en el país ha tenido una reducción en los últimos 55 años, al pasar de 11 mil 500 m3 en 1955 a 4 mil 263 m3 en 2011, y prevé que para 2025 se reduzca a menos de 4 mil m3.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Mineros criticó en un comunicado la semana pasada la multa que el gobierno federal quiere aplicar a la compañía. De acuerdo con la Semarnat, el grupo podría hacerse acreedor a sanciones que van de los dos millones a los 40 millones de pesos, no obstante, los mineros señalaron que tan sólo en el primer semestre de este año este grupo obtuvo ingresos por mil 178 millones de dólares, es decir, unos 17 mil millones de pesos.
Asimismo, José Luis Lezama, del Colegio de México, recordó que en 2009 Grupo México tuvo que pagar a las autoridades de Estados Unidos dos mil millones de dólares para cubrir los costos de los daños ambientales provocados por sustancias tóxicas vertidas al ambiente por su subsidiaria Asarco en Texas, los cuales se expandieron por 19 estados.