El presidente Enrique Peña Nieto llegará a su segundo informe con una reforma político-electoral promulgada, la cual dejará un legado de certidumbre al próximo mandatario, quién tomará posesión de la silla presidencial con sus informes de gastos de campaña revisados y avalados por las autoridades y tribunales electorales.
Con un nuevo sistema de fiscalización electrónica, que costará 50 millones de pesos, se eliminará la incertidumbre sobre como se gastan los recursos otorgados para las campañas electorales antes de que un candidato ganador asuma su cargo.
De acuerdo con el consejero Javier Santiago Castillo, el nuevo método para auditar los recursos de los partidos y candidatos en tiempo real será uno de los legados de la reforma política, la cual fue impulsada por el Pacto por México.
“Realizar una fiscalización más acuciosa, rigurosa, definitivamente abona a la equidad en la contienda y, como consecuencia, sí proporciona legitimidad a los candidatos ganadores”, dijo.
El nuevo sistema auditará las cuentas desde elecciones de alcaldes hasta los comicios presidenciales a través de un mecanismo electrónico, con el cual fiscalizarán en tiempo real para que, un mes después del proceso electoral, se cuente con los resultados oficiales.
Otro asunto que impactará directamente en las elecciones de 2015, fruto de la reforma electoral, es la desaparición de los 32 institutos locales de elecciones para transformarlos en Organismos Públicos Locales Electorales bajo la rectoría del INE.
La posibilidad de que el INE nombre a los consejeros electorales, aseguró, disminuirá “la intervención de los gobernadores de los estados en las elecciones locales y en los institutos locales”, lo cual representará otro de los legados.
Los pendientes
Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña aseguró que dos de los pendientes dejados por la reforma electoral son las reglamentaciones del artículo 134 sobre publicidad oficial y las normas para ejercer el derecho de réplica.
“Tras el proceso electoral 2014-2015, que será la primera aplicación de esta reforma, corresponderá a los legisladores que temas más ajustar o modificar, en todo caso, por el momento habría que esperar a que concluya el proceso electoral”.
A su parecer, “hay una omisión del legislativo en la reglamentación del artículo 134, esperemos que después de sus compromisos inmediatos pudiera considerar esa reglamentación”.
El artículo 134 constitucional versa sobre el uso de recursos públicos en publicidad y hace falta su reglamentación para evitar que los funcionarios promocionen su imagen con dinero del erario.
Además, el consejero Javier Santiago Castigo consideró que fue un error la transformación del IFE a INE y la creación de un sistema híbrido de elecciones, debido a que lo ideal eran otro tipo de reformas legales que garantizarán la autonomía de los órganos estatales de elecciones.
“Mi opinión personal es que no fue una buena idea, me parece que se hubiese buscado atemperar la presencia de los gobernadores y de los poderes fácticos vías reformas legales que dieran mejores garantías de equilibrio en la elección de consejeros locales”, manifestó.
En la víspera de su segundo informe, el mandatario Enrique Peña Nieto podrá incluir a la reforma política como un instrumento que abonará a darle certidumbre a los procesos electorales futuros.