Pues como dice el dicho: No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Y ayer el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó aplicar una cuota compensatoria preliminar a las exportaciones de azúcar mexicana al mercado norteamericano de 17.01% para los ingenios públicos que administra el FEESA; de 2.99% para los ingenios del Grupo Azucarero México y de 14.87% para el resto de la industria.
Las cuotas aplicadas que entraron en vigor immediately, obedecen solamente a la demanda de subsidios que presentaron los industriales azucareros de Estados Unidos en marzo pasado. Con base en esta decisión, el gobierno mexicano tiene dos meses para negociar con nuestros partners un volumen de exportación de azúcar mexicana a dicho mercado para el próximo año de hasta 1.6 millones de toneladas, aunque aquellos nada más estarían dispuestos a aceptar 1.2 millones, y si se puede, menos.
Si hay acuerdo se cancelan las cuotas compensatorias establecidas ayer, si no existe, entonces los americanos pondrán un arancel de 30%, o más, por dumping a todo el dulce mexicano que entre a su mercado. O sea, en el escenario catastrófico la mayoría de los industriales azucareros mexicanos tendrían que pagar por lo menos 45% de arancel total, lo que haría incosteable el negocio de venderles dulce de caña a nuestros vecinos. La alternativa sería entonces mandar toda el azúcar exportable al mercado mundial, donde el precio es mucho más barato que en Estados Unidos.
En lo que va de este año los industriales mexicanos han exportado al mercado norteamericano más de un millón y medio de toneladas; pero sólo 100 mil, cuando mucho (que falta embarcar), causaría el mencionado arancel.
En las negociaciones de dos meses (lo del dumping se resolverá en octubre), los funcionarios de la Secretaría de Economía, desde el secretario hasta el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco Leopoldo de Rosenzweig Mendialdua, tendrán que demostrar sus “habilidades” y sacar sus mejores armas para convencer a nuestros socios comerciales que no nos vayan a aplicar “la quebradora”.
Los malosos aseguran que “habilidades”, lo que se dice “habilidades”, no tienen, y prueba de ello fue que en cinco meses no lograron convencer a las autoridades comerciales estadunidenses de que México no subsidia a la industria azucarera. Por lo tanto, tendrán que sacar la artillería pesada, que en sentido figurado tiene sólo un nombre: “jalarle la cola al tigre”. Es decir, ponerle un arancel al jarabe de maíz que llega de Estados Unidos a México en cantidades de 800 mil a un millón de toneladas al año.
¡Eso sí que no lo vamos a hacer! Ha dicho, en privado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Imagínese lo que le va a doler al animalote un jalón de cola, seguramente pensó. Bueno, hay que entender la posición de Guajardo, dicen sus “paleros”. Primero, la Sociedad Protectora de Animales podría acusarlo de mal trato. Segundo, podría perder la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.
Por eso el comunicado que emitió ayer la Secretaría de Economía sobre este asunto dice que “lamenta profundamente”, nada más lamenta, eh, la decisión del Departamento de Comercio de establecer las cuotas compensatorias. Ah, y afirma que dicha acción “representa un retroceso en la integración y delicado balance de los mercados de edulcorantes en México y Estados Unidos, lograda a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, y que “podría afectar a las familias mexicanas que contribuyen en esta actividad, así como a los usuarios de azúcar en Estados Unidos que dependen de la proveeduría mexicana”.
Algunos especialistas sugieren que ante los atropellos de nuestros principales socios comerciales en este asunto del “polvito blanco”, lo que debería hacer la Secretaría de Economía es declarar “la independencia azucarera”, que consistiría en no vender ni un gramo de azúcar a Estados Unidos y prohibir que entre la fructosa procedente de aquel país a México. En esa misma declaratoria, señalan aquellos, podría fijarse un impuesto a los refrescos que consuman jarabe de maíz de producción nacional, para privilegiar el consumo de dulce de caña. Si el Departamento de Comercio de aquel país protege a sus productores de azúcar, por qué la Secretaría de Economía no puede hacer lo mismo con los productores mexicanos.
Con ello podríamos consumir toda el azúcar que producimos (seis millones de toneladas), ordenar el mercado, evitar las crisis recurrentes de los ingenios, derivadas del comportamiento inestable de los precios del azúcar, y pagarles mejor a los productores de caña. Y si el gobierno quiere seguir subsidiando a la principal agroindustria del país, pues que lo haga sin rendirle cuentas a nadie.
¡No le saques Ildefonso! Le piden algunos industriales.