En su Segundo Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto rendirá cuentas sobre la situación de seguridad y justicia que guarda el país. Algunos temas se han vuelto más mediáticos, como la violencia generada por los cárteles y los delitos de alto impacto que apenas comienzan a tener una disminución.
Ayer en la página sobre el Informe aún no se abordan algunos de estos temas, pero de otros ya se dan algunos datos, como el caso de Michoacán.
En febrero de 2013 aparecieron en la entidad los grupos de autodefensa que buscaban poner un freno a la delincuencia organizada la cual cobraba extorsiones, secuestraba, asesinaba y expandía sus actividades de siembra de droga y elaboración de estupefacientes sintéticos.
Ante la situación, el gobierno federal implementó, a partir del 4 de febrero de este año, una estrategia para detener a los capos del crimen organizado, de Los Caballeros Templarios principalmente, y regresar la paz a Michoacán.
Colocó a un Comisionado que reportara de manera directa, y en ambos sentidos, las acciones no sólo de seguridad, sino de desarrollo integral. En lo que va del año, Peña Nieto ha visitado seis meses la entidad y se comprometió a estar presente en 12 ocasiones durante 2014.
Tamaulipas
En circunstancias similares, el gabinete de Seguridad preparó la Estrategia de Seguridad de Tamaulipas, que arrancó el 23 de mayo de este año. La problemática de la entidad radica en que es una zona porosa por la cual pasa la mayor parte de la droga de México y Sudamérica a Estados Unidos.
El plan incluyó poner mandos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional en cuatro regiones y en cada una de ellas instalar una fiscalía de la Procuraduría General de la República.
También incluye atrapar a los principales miembros de la delincuencia organizada (Los Zetas y el Cártel del Golfo son los cárteles que operan en la región), de los cuales han caído ocho de 14, y sellar las rutas de tráfico ilícito de personas, sustancias, armas y dinero.
Aunque en el Estado de México se ha aplicado una estrategia similar, en la página sobre el 2° Informe de Gobierno, no se hace mención a ella.
Enmiendas
Más allá de los conflictos en seguridad, se busca impulsar un sistema judicial que garantice el respeto a los derechos humanos y que además actúe de manera expedita.
Como parte del nuevos sistema penal, ya se tienen importantes avances en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las reglas y etapas que regirán cualquier procedimiento en todo el territorio nacional cuando se cometa un delito, ya sea del fuero común o federal.
Con estas modificaciones se pretende pasar de 34 ordenamientos procesales penales distintos (32 locales, el federal y el militar) a un modelo único de justicia, que unificará las sentencias sin distinción de en qué entidad se cometió el delito.
Asimismo, se aprobó la Ley de Amparo que amplía la protección de los derechos, eleva la eficacia de la justicia mexicana; y se fortalece al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El nuevo sistema penal, sustentado en juicios orales, tendrá que funcionar en 2016, sin embargo aún faltan por concretarse la Ley de Justicia Restaurativa y la Ley de Ejecución de Sanciones, y que todos los estados estén preparados con personal calificado e infraestructura.