El problema de los secuestros ya no sólo es el número sino además el riesgo. Delincuentes menos preparados, cada vez más jóvenes y en muchos casos drogados, secuestran sin inteligencia criminal, de forma improvisada y con mayor frecuencia, situación que representa un riesgo más alto para las víctimas.
“El secuestro se ha democratizado”, dijo el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, quien advirtió que ya no sólo están en peligro las personas de cierta clase o poder económico, sino cualquiera que por estar “en mal momento o lugar equivocado” le resulte atractivo a los delincuentes.
Esta conclusión es uno de los resultados que arrojó el estudio denominado “Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender esta problemática”, elaborado por el ONC con el apoyo de varias organizaciones especializada.
“Vemos un gran número de bandas improvisadas que por algún problema económico de las personas se dedican a secuestrar y generalmente son bandas que buscan menores rescates, pero pueden ser más peligrosos para las víctimas”, dijo Rivas.
Las autoridades y la mayoría de los activistas prefieren no revelar el número de personas secuestradas que son asesinadas, pero de acuerdo con lo informado a 24 HORAS por Isabel Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, en 15% de todos los plagios en el país las víctimas mueren a manos de los plagiarios.
“Dentro de la aberración de este delito antes había bandas bien organizadas que retenían a las víctimas por semanas, pero estaban al pendiente de su alimentación, e incluso sabían que medicamentos necesitaba y se los suministraban. Hoy tenemos casos como los de Valle de Bravo donde retienen a las personas por días a la intemperie y les dan de alimento donitas y galletas”, dijo a este diario Wallace.
A esto se suman los casos de grupos bien organizados como Los Zetas, que por mecánica torturan y asesinan premeditadamente a las víctimas aun y cuando cobren un rescate, añadió la activista.
Jóvenes e inexpertos
El informe presentado por el ONC revela la participación cada vez más frecuente de jóvenes de los 18 a los 29 años en la comisión de los secuestros. De un total de mil 10 sentenciados en el año 2012, por el delito de privación ilegal de la libertad, casi 60% eran hombres en el referido rango de edad.
De acuerdo con información de la PGR, es frecuente la participación de jóvenes que evolucionan rápidamente del robo a los secuestros y que además operan bajo el influjo de las drogas.
“No se puede tratar de frenar los secuestros únicamente a través de estrategias reactivas, se requieren política sociales que hagan menos atractivos estos delitos (…) es evidente la necesidad de una política pública en materia de secuestro con un enfoque de prevención”, subraya el estudio.
Cárceles, un caos
Los especialistas coincidieron en que las cárceles son un caos. Con excepción de los penales federales, sólo en Nuevo León y Baja California hay certeza de que funcionan los bloqueadores de teléfonos celulares, de acuerdo con solicitudes de transparencia.
En 20 estados no quisieron responder a la solicitud y Coahuila de plano dijo que en ninguno de sus penales hay inhibidores de señal. Es un problema grave, dicen los activistas, ya que desde las cárceles se cometen múltiples secuestros y extorsiones.
Wallace dijo que tiene documentados casos en donde los familiares llevan el chip del celular a la cárcel y se lo entregan al interno y los custodios son los que les rentan los aparatos para que llamen. Luego el chip vuelve a salir de la prisión.
No hay kits de inteligencia
Los activistas denunciaron además que Gobernación no ha entregado a las 10 entidades con mayor incidencia de plagios, como se prometió, los kits de inteligencia que requieren las unidades para combatir el secuestro.
Wallace explicó que se trata de un equipo que desde hace años debieron adquirir los estados para sus Unidades Antisecuestro las cuales tienen severos retrasos. El gobierno federal se había comprometido a apoyar a 10 estados al respecto, pero no ha ocurrido.
A esto se suma lo señalado por el activista y presidente de México S.O.S, Alejandro Martí, quien dijo que la geolocalización no está siendo utilizada en el país con excepción del gobierno federal, en gran parte por los múltiples amparos que se intentaron interponer.
“Los penales se han convertido en los call center de secuestradores y extorsionadores”, dijo el activista.