En los últimos 20 meses el Congreso de la Unión aprobó reformas estructurales de gran calado, todas ellas con un impacto de mediano y largo plazo en áreas esenciales para el desarrollo del país.
En su mayoría, estas reformas han suscitado acalorados debates e incluso posiciones encontradas, afortunado signo de la pluralidad política que la consolidación democrática del país ha alcanzado.
Derivada del artículo 1º constitucional, la política de desarrollo social emprendida por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene un objetivo central: hacer efectivos los derechos sociales de las personas ‑en particular alcanzar un piso básico de bienestar para quienes viven en pobreza‑ de manera que puedan tener una vida digna, autónoma y hacer uso de sus capacidades en igualdad de oportunidades con quienes tienen mayores ingresos y recursos.
Para afrontar esta inmensa tarea (53.3 millones de personas en pobreza, 11.5 millones de personas en pobreza extrema, siete millones de personas en pobreza extrema de alimentación, y profundas brechas de desigualdad y discriminación (mujeres/hombres, indígenas/no indígenas, personas con discapacidad/personas sin discapacidad, etcétera) el gobierno federal se ha dado a la tarea de construir las condiciones propicias.
Existen dos grandes condiciones para el avance de los derechos fundamentales, para elevar el piso básico de bienestar antes mencionado y reducir la pobreza y la desigualdad. Primero, recursos fiscales suficientes para mejorar las condiciones de crecimiento económico y de distribución de la riqueza, para tener mejores empleos y contar con instituciones que regulen de mejor manera las desviaciones de los mercados. Me refiero a nuevos recursos institucionales y económicos.
En segundo lugar se necesitaba un acuerdo político que permitiera transformar las intervenciones públicas esenciales del Estado Mexicano para darle una orientación crecientemente social. Se requería de la voluntad de los distintos actores para favorecer los derechos sociales de las personas mediante la acción del Estado.
En el horizonte de la implementación de estas reformas están los derechos sociales que la Constitución consagra:
- La reforma educativa está orientada a garantizar el derecho a la educación, en particular su calidad, para hacerla nuevamente un motor de movilidad social. El planteamiento es muy claro: una educación deficiente afecta el desarrollo futuro de las personas. La interdependencia de los derechos fundamentales hace evidente la necesidad de que el Estado retome las riendas de la educación con énfasis en la mejora de la enseñanza. Para ello se han creado un sistema profesional docente y un sistema nacional de evaluación educativa; se ha fortalecido la participación de padres de familia en la elaboración de planes y programas de estudio; se ha realizado un censo para determinar quiénes son nuestros profesores, quiénes nuestros alumnos y cuáles nuestras escuelas. En suma: la reforma educativa busca que la educación sea efectivamente una fuente de oportunidades para los jóvenes.
- La reforma en seguridad social busca abatir la brecha de desigualdad más grande en términos de la medición multidimensional de la pobreza: quienes tienen acceso a la seguridad social y quienes no la tienen. En un país de 117 millones de personas, 71.8 millones no tienen acceso a la seguridad social. Para revertir esta situación, el gobierno federal ha propuesto una pensión universal para todo adulto de más de 65 años (hoy tienen una pensión de tipo no contributivo 5.7 millones de adultos mayores); ha propuesto instaurar un seguro de desempleo para proteger a las familias e incentivar la formalidad; ha creado un Seguro de Vida para Jefas de Familia, para proteger a sus hijos menores de 23 años en caso de su fallecimiento, y ha iniciado una reforma para mejorar los servicios de salud y el acceso a ellos.
- La reforma fiscal es redistributiva: es decir, eleva la recaudación en los deciles superiores del ingreso sin afectar los bolsillos de las personas en pobreza. Las estimaciones son que la recaudación mejorará 3% con esta reforma. Hoy México recauda 19.6% del PIB, muy por debajo del 34.1% del promedio de los países de la OCDE. Es importante subrayar que 54% de ese incremento en recaudación será aportado por el 10% más rico del país. Además, la reforma no impuso el IVA a medicamentos y alimentos, rubros que representan cerca de 45% del gasto promedio de los hogares.
- Las reformas energética, financiera, en telecomunicaciones y en materia de competencia económica tendrán en el mediano plazo un impacto positivo en los derechos sociales de las personas. La inversión privada generará empleo y se reducirán los costos de servicios y bienes (luz, fertilizantes, gas). Se reducirá de manera significativa la brecha de desigualdad que supone que un porcentaje minoritario de la población tenga acceso a plataformas digitales. La conectividad fortalece derechos y libertades (a la información, a la asociación, a la expresión, a la educación), por lo que el cierre de esta brecha implicará un brinco cualitativo para millones de personas. Asimismo, estas reformas permitirán reducir los costos del crédito para impulsar inversión productiva en un esquema de competencia económica más efectivo.
En conjunto, se estima que las reformas permitirán a México crecer a un ritmo promedio de 5.1% en el periodo 2015-2019, el doble que sin reformas. La tarea gubernamental es traducir dicho crecimiento en empleo y bienestar para esos 53 millones de personas en pobreza y, de manera prioritaria, para los siete millones de personas en pobreza extrema de alimentación. Por ello la política de desarrollo social se ha estructurado en torno al cumplimiento progresivo de los derechos sociales y en la superación de mínimos de bienestar social inaceptables.
A la par se ha puesto en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre para atender prioritariamente el derecho a la alimentación, como un elemento fundamental del piso mínimo de bienestar. Se han creado nuevos programas, como el de Comedores Comunitarios o el Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Se ha emprendido igualmente el rediseño de programas sociales, como Oportunidades y Adultos Mayores, a fin de crear las condiciones para la superación de la pobreza y el mejoramiento de las personas.
Se ha reorientado la mezcla de recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para el ejercicio de recursos federales en municipios y exclusivamente en acciones de combate a la pobreza. De esta manera el federalismo retoma su papel axial en el combate a la pobreza.
También se ha transformado la operación de la política de desarrollo social para mejorar la articulación con autoridades estatales y municipales, a partir de la premisa de que el combate a la pobreza es un tema del Estado mexicano y no sólo del gobierno federal. La presente administración ha recuperado la participación social como el componente que oriente y defina las necesidades más acuciantes de las comunidades.
Se han realizado cambios en materia de desarrollo social y se han alcanzado las reformas estructurales, con ello los mexicanos contamos hoy con los componentes indispensables para una reforma social cuyo fin último es el bienestar de la sociedad y el fortalecimiento de la calidad de nuestra democracia.
(*) Coordinador de Asesores de la Secretaria de Desarrollo Social