Una demanda federal presentada este jueves alega que la policía de Ferguson y del Condado San Luis recurrieron a uso excesivo de la fuerza y al arresto ilegal de transeúntes inocentes en sus intentos por controlar el malestar generalizado después de la balacera que costó la vida a Michael Brown, de 18 años.
Entre los cinco demandantes en la querella presentada en San Luis está una trabajadora social que dijo que ella y su hijo de 17 años fueron tratados de forma violenta y arrestados por no salir suficientemente rápido un McDonald’s. Otro demandante es un hombre de 23 años quien dijo que recibió varios impactos de balas de goma y que la policía lo insultó racialmente cuando caminaban por la zona de protesta hacia la casa de su madre. Otro hombre alegó que fue arrestado por grabar los disturbios.
“La policía estuvo completamente fuera de control”, dijo el abogado Malik Shabazz, de Black Lawyers for Justice (Abogados Negros por Justicia), un grupo cuyos miembros trataron de calmar las tensiones durante las protestas nocturnas que se extendieron durante más de una semana después que Darren Wilson, policía blanco de Ferguson, mató a tiros a Brown, de 18 años y quien estaba desarmado. “En esos primeros días fue virtualmente una refriega policial”.
La demanda reclama el pago de 40 millones de dólares en daños y perjuicios, y menciona al jefe de la Policía de Ferguson, Thomas Jackson; al jefe de Policía del Condado San Luis, Jon Belmar: al agente Justin Cosma, de la Policía de Ferguson, a varios agentes no mencionados por su nombres y que fueron identificados colectivamente como John Doe, así como a los gobiernos municipal y condal.
Shabazz señaló que la demanda podría ser ampliada para incluir a otros acusados. Un vocero de la Policía del Condado San Luis remitió las indagatorias a la representante jurídica del Condado, Patricia Redington, quien dijo que no había visto la demanda y no podía comentar.
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