Cerca del 20% de los 95 compromisos adquiridos por el extinto Pacto por México en 2012 – quedaron sin concretarse por los partidos políticos y el gobierno federal.

 

En diciembre de 2013, el Partido de la Revolución Democrática sepultó el acuerdo político que mantenía junto con los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y el Ejecutivo federal, esto luego de acusar a estos tres últimos de “vender a la patria” al aprobar la reforma que abre el sector energético a la iniciativa privada.

 

Por lo que, en los últimos ocho meses, las fuerzas políticas tuvieron que caminar solas y hacer negociaciones legislativas que llevaron a la Constitución más de 70 leyes que fueron comprometidas en el Pacto por México.

 

A pesar del gran avance, al menos 18 compromisos importantes no fueron cumplidos, concretamente en materia de seguridad social, derechos humanos, economía, transparencia, campo, seguridad, entre otros.

 

Luego de un recuento realizado por 24 HORAS, los principales pendientes que se dejaron en el tintero y que podría reanudarse su discusión en los siguientes meses en el Congreso de la Unión son: la reforma política del Distrito Federal; la Ley anticorrupción; la revisión global de los fueros, así como una reforma que transforme al campo mexicano para volverlo más productivo.

 

El compromiso 91, incumplido por el Pacto, detalla que la reforma política al DF pondría a la capital el nombre oficial de Ciudad de México; la dotaría de una Constitución propia; pasaría de tener delegaciones a municipios y, además, revisaría las facultades del jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa, entre otros.

 

Referente al campo, son tres compromisos los que no se echaron andar, mismos que dotarían de una reforma integral al agro mexicano. El compromiso 64, 65 y 66 tenían como objetivo mejorar la comercialización de los productos del campo, permitiendo mayor productividad y otorgando pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto a seguridad social, se quedó a deber los compromisos tercero, que habla de la pensión universal para adultos mayores de 65 años; cuarto, sobre el seguro de desempleo; y quinto, que se comprometía a dar seguro de vida a mujeres jefas de familia.

 

La reforma a los derechos humanos también quedó incompleta, toda vez que no se aprobó la suspensión de garantías (compromiso 23), ni el procedimiento de expulsión de extranjeros de México (compromiso 24). Incluso, se dejó de lado el fortalecimiento a las comunidades indígenas (compromiso 34) y de educación, salud, infraestructura y créditos para las comunidades indígenas (compromiso 35).

 

En el tema económico, el compromiso 68 (la deuda en los estados) que controlaría el endeudamiento de las entidades y municipios, no fue plasmado en la Constitución.

 

Sobre seguridad y justicia, los compromisos 85 y 86 que hablan de un Sistema Nacional contra la Corrupción, quedaron estancados; igual que un giro al esquema de policías estatales coordinadas (compromiso 75) y el Código Penal Único (compromiso 78), para homogeneizar las causales del delito en todo el país.