Un Juzgado Especializado negó la protección de la justicia a Televisa que pretendía dejar sin efecto la declaratoria de agente económico preponderante emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), de la cual forma parte; informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
A través de un comunicado, el CJF explicó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones no validó el argumento de Televisa, que aseguraba que la autoridad responsable no le notificó de forma independiente el inicio de dicho proceso.
“Al dictar resolución este órgano jurisdiccional determinó negar la protección de la justicia federal, en razón de que los conceptos de violación no combatían los motivos y fundamentos torales expresados por la responsable al emitir el acto reclamado, esencialmente en cuanto a que no había lugar a notificarle de manera independiente de Grupo Televisa, S.A.B., el inicio del procedimiento administrativo correspondiente a la “Determinación de la existencia de agente económico preponderante en el sector de radiodifusión y la imposición de las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia”, pues al formar parte de dicho grupo, el emplazamiento como parte del mismo era suficiente”, apunta el documento.
Televisa señalaba que la referida resolución de preponderancia violaba su derecho fundamental de audiencia consagrado por el artículo 14 Constitucional, pues con las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de radiodifusión, la autoridad le restringe diversos derechos.
Es de recordar que el 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución en materia de telecomunicaciones; en su Artículo Octavo Transitorio, fracción III, dicho decreto dispone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debería determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afectara la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. DE