Ayer la francesa Vivendi anunció que tiene conversaciones “en exclusiva” con la española Telefónica para concretar la venta de Global Village Telecom (GVT), su filial en Brasil, después de que la española ofertó siete mil 450 millones de euros, unos nueve mil 900 millones de dólares.
De hecho, la española que preside César Alierta está dispuesta a ir con todo por la filial brasileña de la francesa y algunos inversionistas estiman que podría desembolsar hasta unos ocho mil millones de euros (10 mil 600 millones de dólares) en una operación que podría cerrarse en las próximas semanas.
Para Telefónica, Brasil es su mercado estratégico en América por la rentabilidad y tamaño que ofrece y está dispuesto a no dejar ir esta operación con Vivendi. De hecho, tal y como se plantea el mapa actual de los negocios de telecomunicaciones, el futuro pasa por América Latina y concretamente por dos de sus mayores mercados: Brasil y México.
Slim -el acérrimo rival de Alierta con América Móvil- no ha reaccionado a las intenciones de Telefónica con GVT en Brasil -que lo convertiría en el mandamás de ese mercado- y es probable que ya no lo haga dada la fuerte apuesta que Alierta ha puesto sobre la mesa de Vivendi. Pero esto tampoco se puede descartar.
Mientras tanto en México el presidente de Telefónica no ha quitado el dedo del renglón por Iusacell (no por lo menos formalmente), el tercer operador del mercado, que participan Grupo Salinas y Televisa al 50%.
Una añeja intención de compra de la española que se antoja compleja por los modelos de negocios tan distintos que operan tanto Telefónica como Iusacell y por una extraña e incomprensible sociedad accionaria en Iusacell que podrían complicar cualquier operación.
Si se toma en cuenta que la operación de Telefónica en Brasil será cuantiosa y requerirá de cash y de apalancamiento, no hay duda que podría distraer y mermar las intenciones de Alierta en el mercado mexicano en momentos en que Slim venderá parte de sus activos de telecom; activos que algunos banqueros de inversión estiman que se ofertarían a precios elevados.
No hay que olvidar que una operación de venta de Iusacell se estima que podría alcanzar los cuatro mil millones de dólares por el 9% del mercado que posee, aun cuando no queda claro si su operación es rentable, dada la enorme inversión que realiza la empresa en sus estrategias de mercadeo y distribución.
Alierta tiene un dilema. Su apuesta fuerte está en Brasil, pero también sabe que su negocio en México debe crecer ahora o nunca, en un momento en que las reglas han cambiado y que Slim cede. México no es Brasil, pero por ambos mercados pasa el futuro del negocio de las telecom. Así que la pregunta es si le alcanza con lo que trae en la chequera.
PROYECTOS BAJO CÁLCULOS POLÍTICOS
Se ha dejado correr la información de que ahora sí el presidente Enrique Peña Nieto anunciará la próxima semana el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, un proyecto que se calcula rondará los 10 mil millones de dólares.
No está de más decir que este es un viejo proyecto acariciado por los gobiernos de la última década y media, pero sobre todo impulsado por la urgencia de un aeropuerto capitalino ya agotado y que entraña serios riesgos para los habitantes de la enorme megalópolis del Valle de México.
Sin embargo el esperado anuncio presidencial recae, otra vez, en los graves males de nuestro sistema político. Que los proyectos públicos que urgen a los habitantes del país deben esperar hasta que se acomoden a los tiempos políticos de los gobernantes; no a las necesidades, ni a los reclamos de los ciudadanos. Es el caso del aeropuerto.
Qué bueno que ahora sí se ponga en marcha un proyecto tan sentido para la economía y para la ciudadanía, pero no queda duda que seguimos bajo la agenda del gran tlatoani, dador de todos los favores.
EL OTRO GRAN PENDIENTE
Los cálculos que han hecho los analistas económicos del Congreso arrojan un pasivo laboral de más de un billón de pesos en las principales universidades públicas estatales del país.
Casos como el de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana o la Universidad de Zacatecas son preocupantes por la escasez de sus fondos de reservas para hacer frente a sus obligaciones con su personal pensionado y jubilado. La Universidad Michoacana, por ejemplo, sólo posee en reservas 0.01% de sus obligaciones.
Así que las pensiones de éstas y otras universidades públicas estatales viven de las transferencias de la Federación. Literalmente, de las migajas que decidan arrojar los políticos y legisladores en turno.