Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, quedó exonerado del presunto desvío de un fideicomiso de 55 millones de dólares que pesaba en su contra, con lo que quedó sin efecto la última de sus 11 órdenes de aprehensión; confirmó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión porque las pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, “son insuficientes para demostrar el cuerpo del delito por el que ejercitó acción penal, previsto en el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito”, señala la dependencia en un comunicado.
Dicho ilícito requiere que la disposición de recursos económicos de los clientes de una institución bancaria sea indebida, lo cual no ocurrió en el caso fallado, puesto que la traslación de los bienes del fideicomiso a una cuenta bancaria fue el resultado de la extinción de aquél por voluntad del fideicomitente, del fideicomisario y de la fiduciaria.
Cancelarán ficha roja
Previamente, Marco Antonio del Toro, abogado de Gómez Urrutia, adelantó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que luego de ocho años de procesos judiciales en su contra, su cliente está libre de acusaciones y a la brevedad podría regresar a México para ratificarse al frente del Sindicato Minero.
“Ayer este asunto y esta batalla legal finalmente concluyó exitosamente con la resolución del cuarto tribunal colegiado en materia penal, en el expediente 121/2014 con el que la última orden de aprehensión que ilegalmente se había dictado en su contra, quedó declarada inconstitucional y se ordena su cancelación y con ello el día de hoy estaremos exigiendo el que se cancele todo procedimiento de extradición y de cualquier ficha roja que se hubiere solicitado”, explicó del Toro.
Con respecto a la cancelación de la ficha roja, el abogado señaló que esto se dará “en automático”, pues se dejó sin efectos la orden de aprehensión, que es el sustento tanto de la solicitud de extradición como de la ficha roja de Interpol. Incluso, dijo, que ayer la Comisión de Ficheros de la organización internacional emitió una carta en la que ratificó su posición sobre el caso, en el sentido de que se trata de un asunto de persecución política.
Una larga lucha
Cabe recordar que en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, responsabilizado por la disidencia del Sindicato Minero de desviar recursos del fideicomiso Minero F/9645-42 por un monto de 55 millones de dólares, las autoridades mexicanas han acumulado una serie de reveses judiciales que llevaron incluso a perder una decena de órdenes de arresto solicitadas.
En el 2013, el caso pareció complicársele a la defensa del líder minero, ya que a pesar de que Interpol desactivó la ficha roja que se había girado en contra su contra por considerar que no existía sustento, el magistrado Luis Núñez Sandoval del Primer Tribunal Unitario consideró que era procedente mantener una última orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR).
El 24 de mayo del año pasado, 24 HORAS publicó que el abogado del líder minero había solicitado una revisión de la sentencia del referido magistrado, por lo que el expediente pasó a manos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual está conformado por tres magistrados y es considerado la última instancia judicial para este tipo de procedimientos.
Del Toro señaló a este diario que era imposible que la orden de aprehensión se mantuviera ya que las pruebas presentadas en el pliego de consignación de la PGR eran las mismas que ya se habían desestimado antes por otros jueces.
Ya en este año, la Procuraduría dio a conocer que había solicitado una nueva ficha roja en contra del líder minero apoyada en la orden de aprehensión que se mantenía vigente, y el pasado 7 de agosto la subprocuradora de asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez, dio que ya les había sido concedida.
Sin embargo, como este mismo diario publicó, dicha ficha roja no hace factible la detención de Gómez Urrutia quien desde el 2006 contaba con la residencia permanente en Canadá a donde se trasladó cuando inició la persecución judicial en su contra. Del Toro reveló además que hace dos meses se le concedió la ciudadanía canadiense a su cliente y que era necesario un juicio de extradición para que pudiera ser detenido.
“Actualmente la situación jurídica es la siguiente, de 11 órdenes de aprehensión, diez se encuentran completamente canceladas y la última se encuentra en un Tribunal Colegiado (…) está sustentada en los mismos hechos que aquellas que ya fueron canceladas por inconstitucionales”, declaró del Toro el pasado 7 de agosto.
Era la última
La orden de aprehensión que se mantenía vigente en contra de Gómez Urrutia, y que según su abogado ya fue desestimada por el Cuarto Tribunal Colegiado, era el último recurso judicial vigente que permitía la detención del líder minero en caso de que regresara a México.
La defensa de Gómez Urrutia interpuso a principios de mes una demanda de amparo contra una posible orden de aprehensión pero a nivel Distrito federal, La defensa sostuvo que se trataba de una estrategia para verificar si no había otra orden ante el eventual regreso de Gómez Urrutia a la capital.
DATO
Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial del Poder Judicial o de la PGR sobre el caso.