La Procuraduría General de la República (PGR) analiza proceder penalmente en los próximos días en contra de quien resulte responsable, por acción u omisión, del daño ecológico causado en Sonora luego del derrame de ácido en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la compañía Grupo México.
Autoridades federales indicaron a 24 HORAS que de la denuncia presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de los primeros indicios recabados se advierten posibles conductas delictivas de tipo ambiental aunque aún faltan pruebas por ser recabadas.
“El Ministerio Público Federal estará tomando varias declaraciones y a partir de ello y de la evidencia de los peritajes practicados y los documentos que se están analizando, se definirán a los probables responsables”, dijo una fuente ministerial con conocimiento del caso.
De acuerdo con la denuncia de la Profepa, el derrame de casi 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre en el Río Bacanuchi, detectado el pasado 6 de agosto, fue ocasionado por la falta de mantenimiento en una de las válvulas de la mina.
Grupo México, por su parte, había argumentado en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores y citado por varios medios, que las lluvias atípicas habían causado el daño a la infraestructura, lo que fue rechazado por autoridades ambientales.
El cateo
En la PGR indicaron que aún es prematuro para definir con nombre y apellido a los culpables, pero en la mira están todos los involucrados con las áreas responsables de la supervisión y/o mantenimiento de la infraestructura que ocasionó el derrame.
La averiguación previa está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE) de la PGR cuyos fiscales encabezaron un cateo concedido por un juez en diversas oficinas de la mina de Grupo México. La diligencia, indicaron en la procuraduría, inició el viernes y concluyó hasta las 5 de la mañana del sábado.
De acuerdo con medios locales las autoridades federales catearon por lo menos seis oficinas del complejo de la mina Buenavista del Cobre, entre ellas las de la gerencia, ingeniería, geología, ecología y recursos humanos, entre otros.
Aunque en algunos medios se informó que hubo por lo menos una persona detenida durante el cateo realizado el fin de semana en la mina, en la PGR no han confirmado ninguna aprehensión.
Las sanciones
De acuerdo con la denuncia ministerial, el accidente ocurrido en la mina Buenavista del Cobre representa un delito contemplado en el artículo 414 del Código Penal Federal y amerita una pena de cárcel de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil días de multa.
“(comete este delito) el que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento (…) desecho, descarga o cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas o corrosivas, tóxicas (…) que cause daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al subsuelo o ambiente”, indica el referido artículo.
Cabe señalar que una eventual sentencia mayor a cinco años de prisión a quien resulte responsable le impediría salir en libertad bajo fianza.
Este procedimiento es de carácter penal y es separado de las sanciones administrativas que otras instancias del gobierno federal determinen.
Realizan pruebas al ganado
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) colabora con autoridades de Sonora y federales en acciones de evaluación y atención a productores debido al derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Se realizaron pruebas de laboratorio al ganado expuesto de la región afectada, a fin de descartar que existieran riesgos para la población, informó la dependencia a través de un comunicado.
Para ello, se mandaron muestras al Centro Nacional de Servicios de Constatación de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) cuyos resultados indican que los niveles no representan un riesgo de tóxico para la salud del animal.
Puntualizó que implementan las medidas necesarias para evitar que se pierdan las capacidades productivas del sector primario en los siete municipios afectados de Sonora.
Entre las principales actividades realizadas por la delegación estatal de la dependencia, destacan la orientación a los productores para el retiro de los animales del cauce del río -para evitar que consuman agua contaminada- y se realiza una vigilancia permanente ante posibles eventualidades.
En el caso de la agricultura, en aquellos predios que se encuentren dentro de la zona de restricción -de 500 metros al margen del río-, se utilizará riego de auxilio proveniente de pozos certificados para su uso por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La Secretaría de Agricultura también puso a disposición de los productores 17 técnicos de su delegación y 12 veterinarios del Comité de Protección Pecuaria, quienes realizan una vigilancia permanente.