Finalmente el jueves pasado el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentó su documento “Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y en el Distrito Federal”, en el que -entre otras propuestas- plantea formalmente subir el salario mínimo de 67.29 a 82.86 pesos en 2015; un incremento nominal de 23%.
La propuesta, que ahora formaliza el gobierno del Distrito Federal, ya había sido planteada por el jefe de gobierno desde el 1 de mayo pasado y las reacciones, en todo sentido, no se han hecho esperar. Mancera ha abierto la puerta a un debate largamente pospuesto, en una coyuntura de la economía que lo hace altamente popular y al que el PRI, los empresarios y el gobierno federal no podrán rehuir.
Simple y sencillamente el rezago histórico del salario mínimo en México es de tal magnitud que merece ser abordado con la misma urgencia con la que el Presidente planteó el deterioro de la industria petrolera nacional.
Ya veremos cómo avanza este debate. Pero algunas de las reacciones inmediatas no se han hecho esperar y una de ellas es la del sector empresarial que, a cambio de revisar el tema de los salarios mínimos, ha solicitado que los gobiernos locales eliminen el impuesto sobre nóminas con el que -y cito a Enrique Solana Sentíes, presidente de Concanaco- “se le otorgaría un respiro a las empresas para que pudieran otorgar un aumento a sus trabajadores”.
Entiendo la negociación política que buscan los empresarios con los gobiernos a raíz de la oportunidad que les da este debate. Pero eliminar el impuesto sobre nóminas debe ser una exigencia ciudadana más allá del debate sobre los salarios mínimos.
Hemos insistido aquí en varias ocasiones. El impuesto estatal sobre las nóminas es uno de los absurdos de nuestro sistema fiscal en una economía que padece estructuralmente de un enorme déficit de empleos, que genera empleos de mala calidad y que se enfrenta a una elevada informalidad.
El impuesto castiga a las empresas y a los patrones que generan empleos y que, además, pagan buenos salarios y buenas prestaciones a través de bonos, primas de antigüedad, aguinaldos, gratificaciones, tiempos extraordinarios de trabajo, entre otros.
Es decir, en una economía que requiere a gritos incentivos fiscales para generar empleos bien remunerados, lo que se hace es exactamente lo contrario: gravando la generación de empleos y elevando la carga fiscal sobre quien paga los salarios a los trabajadores. Y un aspecto adicional. El impuesto a las nóminas que aplican los gobiernos estatales incentiva la informalidad de la economía porque encarece la generación de empleos formales.
De hecho, el propio gobierno del Distrito Federal -que ahora propone incrementar los salarios mínimos y que se dice preocupado por el empleo y por los sueldos de los trabajadores- con la aprobación de la Asamblea del Distrito Federal, incrementó el impuesto sobre la nómina de 2.5% al 3% para 2014, buscando recaudar mil 500 millones de pesos adicionales.
Y es que la lógica que se ha usado en los gobiernos locales para aplicar y elevar el impuesto a las nóminas es claramente recaudatorio y político. Los gobiernos -como el del DF- buscan incrementar sus finanzas al menor precio económico y político posibles y el impuesto a las nóminas es un gravamen “barato” de recaudar y políticamente fácil de controlar porque aplica sólo a los empresarios.
Pero además, es un impuesto “cómodo” que provee de nuevos recursos tributarios a las arcas locales, en lugar de buscar alternativas distintas de recaudación, como impuestos al consumo o, incluso, mejorar la recaudación del impuesto predial.
En una economía con las graves carencias como la mexicana es un absurdo aplicar un impuesto que castiga la generación de empleos formales y bien remunerados que requiere la población. Por eso, más allá de convertirse en un factor de negociación en el debate sobre el salario mínimo, su eliminación debe responder a una política fiscal responsable con la generación de empleos.
NO LLEGAN INVERSIONES
Mal reporte de inversión extranjera directa (IED) al primer semestre del año. Y es que después del espejismo del año pasado por la operación de venta de Grupo Modelo que elevó de forma extraordinaria la cifra de IED, la cifra del primer semestre volvió a la “normalidad” de los últimos años con apenas nueve mil 732 millones de dólares.
El asunto es que las nuevas inversiones cayeron (-956 millones de dólares), por lo que la inversión extranjera contabilizada en el primer semestre es mayoritariamente reinversión de utilidades de empresas extranjeras ya asentadas en el país, particularmente bancos, cerveceras y empresas automotrices.