El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza; el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, y el comisionado nacional para la seguridad, Monte Alejandro Rubido , firmaron ayer un acuerdo para solicitar al Congreso la entrada gradual en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en todo el país.
Luego de la ceremonia para la firma de la Solicitud de Declaratoria, el documento será enviado a Poder Legislativo para que lo apruebe y con ello dar paso a la aplicación del sistema penal acusatorio, como ordena la Constitución.
Se prevé que para finales de noviembre próximo, Durango y Puebla sean las primeras entidades de la República donde se aplique el nuevo Código Penal.
Durante el acto, el ministro presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, presentó el calendario para la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, que contempla cinco etapas con el objetivo de finalizar la implementación en todo el país en enero del 2016.
Apuntó que la primera etapa corresponde a Durango y Puebla, como segundo punto se abarcarán Yucatán y Zacatecas; en tercer lugar Baja California, donde esperan concluir en el primer trimestre de 2015; para la cuarta etapa se prevé la entrada en vigor en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos, estados en donde se tiene contemplado concluir durante el primer semestre del próximo año.
Finalmente se pretende completar el trámite en las entidades de Nayarit, Colima Chiapas, Tlaxcala y Veracruz en enero del 2016, como establece la Constitución.
Hasta el momento, el nuevo Sistema Penal ha sido aplicado en su totalidad en 18 estados de la República. El Distrito Federal se encuentra en un caso especial, pues no está contemplado en el calendario pero tampoco es una de las entidades que ya aplica el nuevo sistema en su totalidad, inclusive existe el compromiso de iniciarlo hasta enero del 2015.
Silva Meza recordó que la reforma penal constituye la piedra angular de un régimen donde las víctimas del delito no puedan ser revictimizadas por las autoridades.
Aseguró que el sistema oral es un esfuerzo de Estado para dotar a la impartición de justicia de un sentido más humano, al fortalecer los derechos y las libertades de las personas, reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales de los que México forma parte.
El Grupo Interinstitucional Encargado de Acelerar el Proceso de Implementación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal, está integrado por el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, que verifican el avance del nuevo sistema de justicia, la gestión al interior de los centros de justicia, los métodos de videoconferencias, protocolos de seguridad y proyectos de modificaciones a la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Defensoría Pública.