Aproximadamente 30 mil millones de pesos se necesitan para concluir con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que actualmente solo funciona al 100% en cuatro entidades federativas, pero que a más tardar en junio del 2016 deberá aplicarse en todo el país.

 

Así lo reveló en entrevista la secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, quien adelantó que ya se hizo la solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda.

 

La funcionaria explicó que actualmente existe un fideicomiso construido con cinco mil millones de pesos, en tanto que ya se tienen delineados otros 11 mil millones para proyectos presentados por algunos estados sólo para el próximo año, a lo que se sumarán las inversiones del 2016.

 

“En total estamos hablando de aproximadamente 30 mil millones de pesos para la implementación del sistema en los años 2015 y 2016, con lo que se estarán cubriendo todas las necesidades que el sistema requiere” indicó.

 

Cabe recordar que la reforma realizada desde el año 2008 establece que el nuevo sistema penal debe funcionar en todo el país, a nivel federal y local, a más tardar el 18 de junio del 2016.

 

La inversión que se necesita hacer abarca diversos rubros, desde la construcción de las salas de juicios orales hasta la modernización de la infraestructura de las instituciones de procuración y administración de justicia, así como la capacitación de los miles de funcionarios involucrados, incluyendo a jueces, ministerios públicos, defensores de oficio y policías.

 

Fromow reconoció que el reto es importante, sobretodo por el poco avance registrado en años anteriores, aunque aseguró que se están dando los pasos necesarios para cumplir con esta obligación constitucional que no será aplazada.

 

Estrategia estatal

 

La secretaria Técnica confirmó que actualmente el nuevo sistema penal funciona al cien por ciento en Morelos, Yucatán, Estado de México y Chihuahua. Agregó que parcialmente funciona en otras 14 entidades.

 

“Está previsto de aquí a fin de año que entren 27 estados, es decir nueve más se incorporarán a la operación parcial y así gradualmente se irá completando” señaló. En el caso del Distrito Federal, en enero del próximo año comenzará la implementación parcial en delitos no graves.

 

Fromow dijo que la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales obligará a las entidades donde ya funciona el sistema a hacer algunas reformas para “armonizar” su sistema con la norma nacional.

 

“Se está trabajando paulatinamente con los Congresos locales para armonizar las normas locales con la nacional. El trabajo se está realizando hasta ahora y no está previsto ningún retraso en la implementación” agregó.

 

 

Esperan nuevas reformas

 

La secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, informó que en los próximos días el gobierno federal enviará al congreso un paquete de iniciativas relacionadas con las reformas y leyes que se requieren para que la transición al sistema de justicia acusatorio se realice de forma ordenada a nivel federal y local. 24 HORAS publicó que son por lo menos 20 modificaciones y normas nuevas las que se necesitan.

 

La funcionara señaló que entre lo pendiente hay dos normas imprescindibles: la Ley de Ejecución de Sanciones y la Ley de Mecanismos Alternativos, las cuales no existen a nivel federal y se necesitan para que el sistema arranque de forma gradual como se tiene planificado.

 

Confió en que estas iniciativas se estarán discutiendo en el Congreso y quedarán aprobadas antes del noviembre, pese a la carga de trabajo que hay en el Legislativo.