En los últimos cinco meses -cuando se publicó la reforma a la Ley General de Salud-, el Seguro Popular ha detectado anomalías en el registro de alrededor de 5% de su padrón de 57 millones de asegurados, lo que significa casi 3 millones de afiliados con irregularidades.
Dichas anomalías están relacionadas con el llenado confuso de los registros de asegurados, lo que sugeriría la existencia de repetición de afiliaciones.
En entrevista con 24 HORAS, Elizabeth Vilchis Pérez, directora de Afiliación del Seguro Popular, explicó que para depurar y ajustar el padrón de asegurados, los estados deberán revisar de manera más exhaustiva sus registros para determinar si fueron errores de “dedo” o si en realidad se presentaron registros duplicados.
“Nosotros tenemos que hacer estas confrontas de padrones de beneficiarios con las principales instituciones de salud pública, como el IMSS, el ISSSTE y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), con quien tenemos más condición de que pudiera darse la duplicidad es con el IMSS”, dijo la funcionaria federal.
Cada tres meses, el Seguro Popular revisa sus bases de datos para detectar registros duplicados; cuando llegan a detectar incidencias verificando los registros de las CURP, las reportan a las entidades y son estas quienes deben determinar si, por ejemplo, “María del Socorro” y “Ma. Del Socorro” son la misma persona o sólo son homónimas.
“En ocasiones el tema de captura de los datos de las personas hacen que la información no sea con la calidad que uno requiere para hacer una confronta efectiva. El Consejo Nacional de Población revisa las CURP para que nosotros podamos asegurar que sí son las que se emiten por parte de la instancia correspondiente”
“Nos hemos encontrado en ocasiones que la CURP es la misma pero no es la misma persona. De ese 5%, tenemos que eliminar todos los casos que el dato es imperfecto para hacer un cruce, porque no podemos negarle el servicio sólo porque pareciera que existen dos”.
Según reportes que han hecho las secretarías locales de salud, este año se han detectado pacientes que se afiliaron al Seguro Popular a pesar de ser derechohabientes del IMSS o ISSSTE. En Durango, por ejemplo, se registraron 120 mil personas con doble seguro; la situación se repitió en Aguascalientes, con más de cien mil afiliados.
Incentivo perverso
Entrevistado aparte, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM-Xochimilco, Gustavo Leal, dijo que este tipo de situaciones está más bien relacionado con un incentivo perverso, que es la asignación de recursos de acuerdo con el número de afiliados.
El especialista en temas del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y regímenes de pensiones, consideró que actualmente este tipo de incentivos lo que hace es fomentar la corrupción en el manejo de los recursos por parte de los estados.
“Las reformas al Seguro Popular del gobierno de Enrique Peña Nieto pretenden ahora que con procedimientos penales se detenga algo que debería haber llevado a la supresión del programa”.
“El programa tiene incentivos a la corrupción desde su diseño, que es la entrega de incentivos a las secretarías de Finanzas de los estados. Las reformas no entraron al cuarto de máquina, al fondo de la operación del servicio de salud”.
A partir del próximo año, cuando la operación de los recursos pase de los estados al gobierno federal, agregó el investigador, comenzará un periodo de centralización que no terminará por resolver los problemas, pero sí presentará otros nuevos: “el acaparamiento de recursos y del programa por el gobierno federal, en el marco de las elecciones intermedias de 2015”.