El 8 de agosto de 1997 se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) cuyo objetivo fue mejorar la educación, salud y alimentación de las familias en pobreza extrema. Posteriormente, el 6 de marzo del año 2002, Progresa cambió de nombre para convertirse en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Para el diseño de ambos programas se asumió como premisa que mediante el fortalecimiento del capital humano, los beneficiarios potenciarían sus capacidades para la generación de ingresos, lo que al final contribuiría a romper las determinantes estructurales de la pobreza. Sin embargo, esto no sucedió así.
El programa Oportunidades fue objeto de una evaluación semejante a la emprendida por otros países con programas de transferencias monetarias condicionadas. Todos surgieron desde el supuesto de operación para romper el círculo intergeneracional de la pobreza, y a lo largo de los años a pesar de la creciente inversión en este tipo de programas, la pobreza sigue.
Actualmente prevalecen condiciones de desigualdad similares a las de hace 17 años. Por ejemplo, el porcentaje de personas en pobreza patrimonial para 2012 fue de 52.1%, mientras que en 1992 fue de 53.1%. La pobreza alimentaria es de 19.7%, apenas 1.7 puntos porcentuales menor a la de 1992. Todo esto a pesar de que los recursos dirigidos al gasto en desarrollo social en los últimos 15 años han mantenido una tendencia creciente.
Desde su creación como Progresa, Oportunidades incrementó casi tres veces su cobertura, de 2.5 millones de familias en el año 2002 a 6.1 en 2014, mientras que su presupuesto se elevó seis veces, al pasar de nueve mil millones de pesos el 2000 a poco más de 73 mil en 2014.
En líneas generales, las evaluaciones acreditaron que los apoyos de los programas cumplían con los efectos esperados de corto plazo.
No obstante, estas mismas evaluaciones no sugirieron impactos de largo plazo asociados a que el mejoramiento del capital humano se reflejara en la reducción de las cifras de pobreza.
Una primera conclusión de este análisis es que a pesar de los resultados positivos de Oportunidades éstos no se materializaron en el cumplimiento del fin último del programa: romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.
Las modalidades integradas al programa Prospera al arribar desde la plataforma de Oportunidades, responden íntegramente a la convicción del presidente Enrique Peña Nieto, de generar una política social que trascienda el asistencialismo y permita verdaderamente romper el círculo de la pobreza.
Prospera no es sólo un cambio de nombre, el nuevo programa mantiene el núcleo duro de salud, educación y alimentación, pero va más allá y le agrega un componente de inclusión social desdoblándolo en un abanico de diferentes posibilidades, no sólo la inclusión productiva, sino también la financiera, la de educación superior y el acceso al servicio nacional de empleos, en una estrategia que articula la política económica con la política social.
El diseño de Prospera se basó en todas las evaluaciones externas realizadas por expertos nacionales e internacionales pero sobre todo consideró las exigencias y demandas de la población beneficiaria.
Efectivamente un programa no puede combatir toda la pobreza en el país, pero a Prospera se le han agregado los componentes señalados sin esperar crecimiento de la economía, sino el Estado interviene haciendo conexiones que no se habían realizado.
Como lo mencionó el presidente Enrique Peña Nieto, ahí están las reformas trasformadoras para lograr un mayor crecimiento económico en el país, una mayor generación de empleos, una mejor distribución de la riqueza, y no hay mejor receta sino ésta para combatir la pobreza.
Con Prospera estamos ante un cambio a fondo; un golpe de timón a la política social para darle el carácter de política de nueva generación como lo ordenó el Presidente de la República: una política social de reconocimiento a los derechos sociales establecidos en la Constitución Mexicana.
(*) Coordinador de asesores de la
Secretaria de Desarrollo Social