La iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto sobre la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes carece de una visión de garantías individuales, se centra en el asistencialismo y desconoce a los menores de edad como titulares de derechos humanos, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

 

Tras evaluar la iniciativa mediante el Índice de Medición de la Calidad de las Leyes, herramienta creada por la asociación en 2009 para valorar la legislación en materia de infancia, tomando como base los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Redim determinó que el proyecto tiene una calificación de tres sobre diez, es decir, no cuenta con los mecanismos mínimos apropiados para garantizar que pueda ser de utilidad para la realidad compleja que viven los infantes en el país.

 

“Esta Ley no plantea proteger los derechos, sino proteger niños. Se mantiene en una visión tutelar asistencialista, que lamentablemente no significará ningún cambio en la realidad que hoy viven”, advirtió el director de la Redim, Juan Martín Pérez en conferencia de prensa.

 

Entre los vacíos que hay en la iniciativa, el director de la Redim destacó que carece de una perspectiva de género (lo que ha sido criticado incluso por senadoras), no tiene enfoque de derechos humanos ni reconoce de manera diferenciada las problemáticas que padecen niños y adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, además de que los adolescentes están desaparecidos en tanto que no se reconocen sus particularidades.

 

De acuerdo con el especialista, la iniciativa que se discute en comisiones en el Senado es un “catálogo de temas de moda” que no da respuesta a los orígenes de los problemas que padece la infancia mexicana.

 

Agregó que el contenido pareciera atender a temas mediáticos, como el acoso en las escuelas, los niños migrantes o los centros de cuidado, “pero la estructura de la ley es poco apropiada, lo que da cuenta que fue hecha por gente que no tiene experiencia ni conocimiento sobre derechos de la infancia”.

 

Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU recomendó a México crear una política de estado en materia de infancia, pero lo que ofrece esta iniciativa es sólo una estrategia de gobierno que se queda corta frente a los compromisos internacionales.

 

“Parece ser que era uno de los temas en lista y que se sacó más para atender un tema coyuntural. Hay que recordar que el próximo 20 de noviembre México organiza un evento internacional para celebrar los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, y esta ley quiere sacarse para darla como un anuncio importante”, apreció.

 

Pérez destacó que en la iniciativa no se establece un presupuesto para la creación de procuradurías, instancias de atención o una base de datos sobre la infancia que permitiría conocer la situación de los menores de edad en el país. Incluso señaló que el Sistema Nacional de Protección de la Infancia propuesto no incluye al titular de la Secretaría de Hacienda, ni a los poderes Legislativo y Judicial, por lo que no puede ser considerado un sistema nacional.

 

Por su parte, Karina Arias, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, y Gabriela Escobar, de la Alianza por la Infancia y sus Familias (AIFAM), criticaron “la ambigüedad” de la iniciativa en temas como la guardia y custodia en albergues.