Como respuesta a una serie de denuncias ciudadanas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició una investigación para determinar si la presa que se ubica dentro de terrenos propiedad del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, cuenta con los permisos de construcción y concesiones de agua.
El director de la Conagua, David Korenfeld, anunció ayer en conferencia que ya solicitó al organismo de cuenca noroeste verificar la documentación de cinco represas que fueron denunciadas en la entidad, entre ellas la que involucra al gobernador, para determinar si el uso de la aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneas, tiene concesiones.
En caso de encontrar anomalías, la Conagua procederá en primera instancia con la clausura de la obra; posteriormente, se liberará el recurso hídrico de comprobarse que se violó el derecho de uso de terceros y, finalmente, de no contar con los permisos legales la presa será demolida.
“No vamos a hacer juicios de valor, vamos a determinar si se cuenta con los permisos o no para la utilización de aguas nacionales en cada uno de los rincones denunciados en el estado de Sonora”, advirtió el funcionario.
Por medio de imágenes aéreas del Sistema Nacional de Información Ambiental, que administra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat), se determinó la existencia de infraestructura para contener agua sobre los cauces del arroyo Manzanal y el río Bacanuchi, así como la fecha desde que hay presencia de la obra.
Korenfeld explicó que en marzo de 2011 se empieza a ver la construcción sobre el cauce de una infraestructura que no estaba en enero de 2010. Un año después, en marzo de 2012, la obra ya cuenta con agua y cortina.
El director de la Conagua enfatizó que la inspección a la presa en los terrenos de Padrés se hará de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales, además de que se dará seguimiento a otras cuatro denuncias relacionadas con otros actores y personajes que tienen cuerpos de agua.
Rechaza acusaciones
El gobierno federal rechazó las acusaciones del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, sobre las omisiones de los delegados federales de Semarnat, Profepa y Conagua en el estado, ante denuncias sobre el derrame de tóxicos en el río Sonora, por presunta responsabilidad de la mina Buenavista del Cobre.
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, conminó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a conducirse dentro del ámbito de la ley, en respeto a sus atribuciones y responsabilidades, así como colaborar con las dependencias federales en beneficio de los sonorenses.
“Resulta evidente que la actuación de las autoridades federales se dio de manera coordinada, eficaz, oportuna y con estricto apego al marco jurídico”, señaló.
Precisó que el nombramiento y permanencia de los delegados federales en el estado es facultad exclusiva del Presidente de la República, y no del gobernador.
Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, señaló que en los próximos días se dará a conocer el monto de la reparación del daño tras el derrame de contaminantes a ríos de Sonora.
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