Asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones y amenazas van en aumento contra periodistas en Michoacán, por ello representantes de los medios de comunicación presentaron una denuncia colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). En lo que va del año el organismo estatal ha recibido siete las quejas interpuestas.

 

No sólo el crimen organizado, sino también policías, militares, funcionarios públicos y hasta organizaciones civiles perpetran abusos contra los periodistas, convirtiendo a la entidad en un espacio “sumamente peligroso para el ejercicio periodístico”, acusaron ante el ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano.

 

Lo anterior quedó asentado en un documento firmado por 25 periodistas de la entidad, con 18 puntos específicos, entre los cuales se acordó la elaboración de un sistema de seguimiento y acopio de datos; circunstancias y causas de las agresiones reportadas, las cuales van desde las amenaza, el robo de material de trabajo, hasta la desaparición y el homicidio.

 

Los denunciantes hicieron énfasis de que pese a las quejas y denuncias presentadas, no ha habido un solo detenido.

 

“Es una situación de preocupación, de pena ajena. Me parece que el periodismo debe ser punta de lanza en un país que se dice democrático, de tal manera que la CEDH tiene un compromiso ineludible en darles toda la protección que nosotros tengamos, que nuestra ley nos faculta porque nosotros también estamos expuestos, no tenemos vigilancia o guardia que otros funcionarios tienen”, lamentó Cázares Solórzano.

 

La postura del gremio periodístico fue expuesta tajantemente: “ya nos llegó el hartazgo, lo que le hagan a un periodista es como si se lo hicieran a todos y así lo vamos a denunciar. Nuestra posición es muy clara, de ahora en adelante nos defenderemos, no nos quedáramos callados, confiamos en las instituciones y acudimos a ellas, pero denunciaremos su ineficiencia o en su caso el trabajo realizado si hay resultados”, sostuvo el orador del documento entregado ayer.

 

Las agresiones contras los representantes de los medios de comunicación, como en otras partes del país, se han convertido en una constante en territorio michoacano, así lo reflejan los 17 expedientes abiertos con los que cuenta la Fiscalía Especial para los Delitos contra Periodistas, autoridad dependiente de la PGR, en lo que va del año hasta julio pasado.

 

En tanto, los registros de la CEDH indican un incremento de 75% en el número de quejas recibidas por el mismo motivo, al pasar de cuatro quejas recibidas en todo 2013, con las siete que suman de enero de esta año a la fecha, donde los agresores han sido identificados como personal de la Marina, policías federales, estatales, y escoltas del gobierno de la entidad.

 

En Silao, se manifiestan por agresión a reportera

 

La indignación tanto de la ciudadanía como del gremio periodístico tras la agresión contra la reportera de El Heraldo de León, Karla Silva, quien fue golpeada la semana pasada, dio lugar a que inconformes increparan al edil de Silao, Benjamín Solís Arzola, ciudad donde fue atacada la periodista.

 

“Lo que es el municipio, lo que le corresponde ha sido turnado directamente ante el agente del Ministerio Público, que en su momento dado es competente para conocer de la investigación”, indicó el alcalde ante los cuestionamientos lanzados por los inconformes quienes el martes pasado encabezaron una marcha en la ciudad guanajuatense.

 

“Que le bajara a mis notas, me dijeron después de golpearme”, denunció la reportera que cubre el la fuente del gobierno municipal e información de los municipios de Silao y Romita, quien la tarde del jueves fue agredida por tres hombres que arribaron a la redacción del diario en el que labora.

 

El martes, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, corresponsales y trabajadores de medios de comunicación de la entidad y de otras partes del país salieron a las calles del ayuntamiento para exigir justicia por la agresión, y se logre el castigo correspondiente contra los agresores, de los cuales ninguno ha sido aprehendido.