El gobierno de Puebla notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la aceptación total de las once recomendaciones emitidas este medio día por la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo que derivó de los enfrentamientos entre policías y manifestantes ocurrido hace dos meses en San Bernardino Chalchihuapan.
E incluso, la administración del gobernador Rafael Moreno Valle informó que en consecuencia creó la fiscalía especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, como recomendó el propio organismo, y nombró como su titular a José Antonio Pérez Bravo.
Pérez Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UAM) y maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Anteriormente se desempeñó como subprocurador Jurídico de Asuntos Procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA).
Asimismo, informó, que será el jefe de la Oficina del Gobernador, Juan Pablo Piña, el responsable de verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las dependencias responsables.
El gobierno poblano reiteró sus condolencias a la señora Elia Tamayo y a su familia por la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo y lamentó que hayan resultado lesionados civiles y policías.
Así mismo, reconoció el trabajo realizado por los peritos y expertos de la CNDH en la investigación de este caso, el cual, enriquece la información sobre los acontecimientos y la indagatoria respectiva, aún cuando difiere en conclusiones a lo señalado por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
“Lo que es claro e irrefutable, es que el hecho mismo obliga al gobierno del Estado de Puebla a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos”, precisa a través de un comunicado.
¿Qué pide la CNDH?
El documento elaborado por la CNDH y presentado por el ombudsman nacional fue dirigido al gobernador Rafael Moreno Valle y ennumera 11 recomendaciones:
- 1. Que se inicie procedimiento contra Facundo Rosas y contra el personal que participó en el operativo, por violaciones graves a los derechos humanos
- 2. Que se cree una fiscalía especial para investigar este caso en específico y terminar con su impunidad
- 3. Que ordene se reparen los daños a las víctimas y se elabore un registro que precise tanto a las víctimas, tipo de reparación, tiempos y condiciones.
- 4. Recomienda atender demandas debido a condiciones de permanentes manifestaciones;
- 5. Implementar una mejor estrategia para atender conflictos y que no se criminalice la protesta social.
- 6. Que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y familiares afectados y se den garantías de no repetición.
- 7. Que se otorgué a policías equipo de grabación y audio para que se registren los despliegues y puedan evaluarse.
- 8. Que se de trámite a la queja en contra de servidores públicos.
- 9. Que se de trámite a la queja en contra de funcionarios de la PGJ.
- 10 Que se de trámite a una denuncia de hechos ante la procuraduría del Estado por lo ocurrido.
- 11. Que se ponga en marcha un programa de capacitación.
Proyectil de gas lacrimógeno mató a menor en Chalchihuapan: CNDH
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), Raul Plascencia, señaló que el objeto que mató al menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, de 13 años, ocurrido en el contexto de un enfrentamiento entre civiles y policías el pasado 9 de julio, fue uno de los cartuchos de gas lacrimógeno que se usaron los agentes para dispersar a los manifestantes.
“Se descarta que la lesión fuera producto de un cohetón o de alguna onda expansiva”, puntualizó el obmudsman nacional. “Se concluye que el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo no fue lesionado por cohetón alguno”
Al dar a conocer la recomendación sobre los hechos en Chalchihuapan, Puebla, el obmudsman precisó que las lesiones al menor fueron producto entonces de alguno de los 54 proyectiles irritantes calibre .38 o de los 10 proyectiles irritantes calibre .37 utilizados por los agentes. “La muerte es responsabilidad de la actuación negligente de la policía”, señaló Plascencia.
Para los peritos de la CNDH el objeto culpable de la lesión fue lanzado por un artefacto con la potencia para generar la lesión. Descarta que fuera lanzado con la mano. “La conclusión de la CNDH en el homicidio es que las lesiones fueron mortales, que fue una lesión oval, que la lesión es producto de un golpe con un objeto sólido y chato”.
Plascencia aseguró que la conclusión de la CNDH es que hubo uso excesivo de la fuerza, por parte de la policía. Los agentes estatales usaron “con una marcada negligencia” la fuerza pública y un uso inadecuado de armamento no letal lo que representó violaciones a la Constitución, a normas internacionales y a cartas de derechos de la ONU, sólo por el abuso de la fuerza, concluyó el titular de la CNDH.
Atribuyó al secretario Facundo Rosas, quien estuvo al mando en todo momento,
la responsabilidad de estos hechos.
La presentación de este documento que contiene 11 recomendaciones dirigidas al gobernador Rafael Moreno Valle, entre las que destacan que se inicie procedimiento contra Facundo Rosas y contra el personal que participó en el operativo, por violaciones graves a los derechos humanos y que se cree una fiscalía especial para investigar este caso en específico y terminar con su impunidad.
La Comisión considera injustificable el uso negligente y abuso de autoridad como tampoco justifica afectaciones a terceros o la violencia para el reclamo social.
“Del análisis se evidencian violaciones a los derechos a la vida, ala seguridad personal, a las seguridad jurídica, al trato digno y a la información”, atribuibles tanto a la Secretaría de Seguridad Pública estaatal como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, abundó.
Hay informes de la autoridad con contradicciones y mentiras, se omitió la correcta asistencia médica y la certificación de lesiones fue deficiente, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) no recabó ningún indicio inicial, dijo.
El gobierno estatal tenía antecedentes de que podía haber una manifestación violenta, no era la primera y pese a ello, “no hay evidencia de que los servidores públicos hayan previsto esto y actuado adecuadamente en consecuencia”, sostuvo.
Esta recomendación es el resultado de dos meses de investigaciones de parte de los especialistas de la CNDH, en la cual, agregó “hubo obstáculos”. El expediente consta de 19 mil fojas.
Lesiones patrón
Respecto a las lesiones, hubo al menos ocho víctimas con lesiones circulares que coinciden con las del niño Tehuatlie. Es una “lesión patrón” de las mismas características, explicó, por lo que queda demostrado otra vez el uso negligente de la fuerza. Como lo señaló en el caso de homicidio, la CNDH “concluye que las lesiones son producto de los proyectiles de gas lacrimógeno que portaba la autoridad estatal.
Además en este caso, también hubo golpes y abusos contra cuatro de los detenidos, que finalmente fueron liberados por el juez, por falta de pruebas.
También agregó que no hubo atención médica adecuada. Mientras el procurador sostuvo que las víctimas rechazaron la atención, dice la CNDH, la investigación señala que se omitió la correcta asistencia médica y la certificación de lesiones fue deficiente.
Si bien la autoridad estatal informó que también ofrecieron apoyo de víctimas a la familia del niño fallecido, la CNDH concluye que no ha habido atención adecuada, ni se han reparado los daños.
Impunidad y agresiones a la Policía
Plascencia señaló también que no se ha detenido a ninguno de los civiles que si portaban cohetones y piedras para agredir a la policía. “Son actos constitutivos de delitos que están en la impunidad”, agregó, pese a que existen grabaciones que permiten identificar plenamente a los responsables. Señaló que la actuación de la PGJ ha sido insuficiente para identificar y detener a los responsables.
La Comisión señaló que ninguna autoridad acordonó el lugar de los hechos, por lo que no se preservaron las evidencias ni se evito la pérdida de indicios.
Madre pide dimita el gobernador
La señora Elia Tamayo Montes, madre de Luis Alberto Tlehuatle, no se pronunció durante la presentación de las recomendaciones de la CNDH, sin embargo por la tarde acudió al Senado para exigir justicia para su hijo.
Tamayo Montes, acompañada por el legislador perredista José Luis Sánchez, exigió en el recinto parlamentario la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle por la muerte del menor de 13 años.
Sánchez Jiménez adelantó que se solicitará la comparecencia del ombudsman Raúl Plascencia, tras el anuncio de las recomendaciones emitidas por la CNDH al estado de Puebla.
Esta recomendación da una explicación definitiva del motivo de la muerte del menor de 13 años de edad de la que hasta ahora había versiones encontradas.
Mientras pobladores y familiares de la víctima sostuvieron que su fallecimiento se debió a un impacto de una bala de goma lanzada por los elementos de la policía estatal que dirige Facundo Rosas, el gobierno de Puebla subrayó en todo momento , que de acuerdo con estudios encargados a la Policía Federal, el fallecimiento se debió a la onda expansiva de un cohetón lanzado por personas ajenas a las fuerzas de seguridad. (Con información de Esteffana Murillo) NS