Para resarcir los daños por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, Grupo México creará de forma inmediata un fideicomiso con un valor de 2 mil millones de pesos.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, apuntó que si la compensación es insuficiente para reparar los daños ambientales, y retribuir a los productores agrícolas de la zona, un comité técnico de evaluación incrementará el monto.
En conferencia, detalló que el comité estará encabezado por el gobierno federal, así como por grupos de expertos en materia ambiental y de salud. Sus responsabilidades serán analizar la calidad del agua, aire, suelos y la vida silvestre de la región, y tendrá la misión de hacer recomendaciones y hacer cumplir la remediación de los daños por medio de los recursos del fideicomiso.
Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, descartó la intervención financiera del gobierno para reparar el daño ocasionado a siete municipios aledaños al Rio Sonora, pues aseguró que la responsabilidad será asumida en su totalidad por Grupo México.
“No implicará recursos fiscales, son recursos que debe de afrontar la empresa en forma directa e inmediata, pues tiene que solucionar el problema que ocasionaron. La inversión en México es bienvenida, siempre y cuando cumpla con el marco legal de sustentabilidad que indican las leyes”, apuntó.
Sin embargo, pese a las irregularidades en la mina Buenavista del Cobre, denunciadas por un informe de la Cámara de Diputados, hasta el momento el gobierno no revocará la concesión a Grupo México.
“Desde el primer día, la Secretaría de Economía, donde está el sector minero, establecimos que el gobierno hacía uso de todos los instrumentos legales para conducir los procesos para reparación y remediación incluyendo una suspensión temporal que avanzara a eventualmente a una definitiva”, subrayó Guajardo.
Ante ello, el funcionario indicó que la prioridad es reparar del daño, por lo que este acuerdo ayudará a comenzar lo antes posible los trabajos en la zona.
“En ese sentido, si (Grupo México) cumple con las determinaciones de la autoridad, automáticamente su actividad productiva seguirá su curso”, destacó.
De esta forma, el gobierno federal evitó levantar otra demanda en contra de la minera, que según Guerra Abud, tomaría años en dar una resolución favorable, lo que retrasaría gravemente la solución al desastre.
“La prioridad del Gobierno de la República es la reparación inmediata de los daños a las personas y del medio ambiente en las comunidades afectadas. Mediante la constitución de este fideicomiso por dos mil millones de pesos, se asegura que la empresa responsable cubrirá los daños causados al entorno, a las personas y sus bienes”, dijo Humberto Castillejos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Siguen procesos
Las autoridades aclararon que este fideicomiso será indistinto de las denuncias y multas que enfrenta la mina de Grupo México y que el gobierno federal espera obtener una sentencia favorable a la brevedad.
“Las multas que se tendrán que ejercer serán desde el punto de vista ambiental. Los conceptos más importantes son por residuos, que habla de una multa de tres millones de pesos; la ley de aguas, que es de un millón 500 mil pesos, y la ley de responsabilidad de ambiental, que alcanzaría los 40 millones de pesos”, indicó Guerra Abud.
Debido a que Grupo México asumió la obligación de aceptar las consecuencias del derrame por medio del fideicomiso, según los funcionarios, es por ello que se estableció un monto de dos mil millones de pesos para garantizar su cumplimiento.
“La empresa se obliga a que en caso que esa cantidad sea insuficiente para cumplir con la reparación ambiental, cumplir con el pago de los daños materiales a las personas así como aportar las cantidades necesarias para cumplir la obligación”, aseguró Castillejos.
El funcionario omitió dar un pronóstico del tiempo que tardarán en completar los trabajos de remediación, al tiempo que explicó que se encuentran en proceso de elaboración un plan ambiental, que tendrá que ser aprobado por la Semarnat.
Minera acepta culpa
Grupo México indicó ayer, en un comunicado, que a partir del accidente, la mina Buenavista del Cobre realiza una revisión de sus procesos operativos. Indicó que acatará el acuerdo con el gobierno federal, “operando en estricto apego a la normatividad vigente”.
El derrame ocurrió el 6 de agosto y afectó a los municipios de Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Ures en el estado de Sonora. En un principio, la empresa fue criticada por haber difundido que el percance se registró por las intensas lluvias ocurridas esa semana.
Lo anterior provocó que la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintiera a Grupo México.
Las autoridades atribuyeron el derrame a la negligencia de la mina por las malas condiciones de la represa, en la que se encontraban 40 millones de litros de ácido sulfúrico y otros metales tóxicos que se derramaron al afluente del Rio Sonora.
El hecho
El 6 de agosto pasado, una falla estructural en una presa de lixiviados, propiedad de la minera Buena Vista del Cobre del Grupo México, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y otros metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Esa situación ha afectado a más de 22 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, cuyo principal sustento son las actividades agropecuarias que se mantienen paralizadas.
El 7 de agosto, habitantes de la zona notaron la contaminación en el río e informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora.
Al día siguiente, la empresa notificó sobre el incidente vía telefónica a la autoridad federal, de acuerdo con lo informado por la Secretaría del Medio Ambiente, y la alerta formal ocurrió hasta el 12 de agosto.