La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a México revisar su política que subsidios directos a los productores del campo, al considerar que no ayudan a resolver la pobreza. Tan sólo en 2013 este tipo de transferencias aumentó 8%, lo que contrasta con la reducción de 30% en los recursos para apoyar la innovación y el desarrollo de infraestructura en el sector.
“Nuestros estudios demuestran que Procampo es regresivo, es decir, otorga menos recursos a quienes menos tienen y tampoco se ha visto un cambio radical en la revisión de este programa, Proagro –como se llama ahora el programa-”, dijo a 24 HORAS Dalila Cervantes, analista de política agrícola de la OCDE.
El Procampo surgió a mediados de los años 90 para homologar los subsidios a los productores en relación con los de países con los que México firmó acuerdos de libre comercio. De acuerdo con un decreto publicado en julio de 1994, tendría una duración de hasta 15 años, es decir hasta 2009.
Sin embargo, en 2007, el entonces presidente Felipe Calderón anunció que el programa se extendería hasta 2012 y en febrero del año pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dio a conocer el cambio del nombre del Programa Apoyos Directos al Campo, denominado “Procampo para Vivir Mejor”, por el de “Proagro Productivo”.
El año pasado el gobierno mexicano aumentó de 92 mil millones de pesos a 99 mil 800 millones de pesos los recursos que tienen como fin compensar a los productores y comercializadores agroalimentarios por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros.
No obstante, según la OCDE estos son los “peores subsidios” que se pueden otorgar debido a que asisten a un grupo reducido de empresas en el corto plazo, descuidando a los pequeños productores, así como el mejoramiento del sector en el largo plazo.
Para mejorar el sector agroalimentario en el largo plazo, el organismo recomienda reducir este tipo de subsidios directos a la producción, y comenzar a invertir en mecanismos de producción sustentables.
Quitan recursos para innovación
El año pasado el gobierno federal redujo 30% el apoyo destinado a mejorar la innovación y el desarrollo de infraestructura en el campo, lo que implicó cuatro mil 267 millones de pesos menos.
“La poca inversión de recursos en el área de conocimiento y de sistemas de innovación repercute negativamente en la productividad; en México durante muchos años estos servicios han venido a la baja”, subrayó.
México destina tan sólo 10% de sus recursos en nuevo conocimiento e infraestructura, tres puntos porcentuales menos que el promedio de la OCDE. Estados Unidos destina 11%, “pero si este país incrementara este porcentaje su industria agroalimentaria se encontraría en mejores condiciones” acotó Dalila Cervantes.
Esta es una de las razones por las que México se encuentra rezagado en comparación con otras potencias agrícolas de la OCDE. Países como Nueva Zelanda destinan 73% de sus recursos a la innovación, mientras que Chile y Australia asignan 50%.
Reforma pendiente
Aunque el gobierno federal no presenta aún la iniciativa de reforma al campo, el documento titulado Acuerdo Marco para la Reforma al Campo –surgido tras la conclusión de los foros nacional y regionales organizados por la Sagarpa- plantea ajustar los subsidios que otorga el Proagro Productivo (antes Procampo).
De acuerdo con el borrador, los apoyos del programa se seguirán otorgando a las unidades productivas que actualmente lo reciben, pero reduciría de 100 a 20 hectáreas de cultivo la cobertura máxima.
“De esta manera, no sólo se reducirá drásticamente la regresividad del instrumento, sino que además se generarán ahorros que podrán luego canalizarse a las mismas unidades minifundistas y medianas para su capitalización y mejoras productivas. Así mismo, se abrirá el mecanismo para que estos apoyos puedan aplicarse como garantía en el financiamiento”, señala el borrador que la Sagarpa entregó a las asociaciones agrarias a mediados de julio.
En este sentido, la OCDE recomienda además de incrementar la inversión en servicios generales -innovación agrícola, inspección de alimentos, y mecanismos de producción sustentables- una seria revisión del Proagro para disminuir los apoyos a grandes productores y otorgarlos de una manera más equitativa.
Dalila Cervantes enfatizó que para reducir los niveles de pobreza en el campo se debe dejar atras una política de subsidios ineficientes, y promover otro tipo políticas sociales.
“La política agropecuaria no resuelve el problema de la pobreza por sí sola. Se necesitan de otras políticas que van mucho más allá como salud, educación, infraestructura, vivienda y empleo”, puntualizó.