Lo más significativo del proceso de licitación de dos nuevas cadenas de televisión radica en la lista casi oficial de licitantes: la mayoría de los aspirantes proviene del área de la información política.

 

Sin embargo, la información es apenas una de las tres funciones de la televisión; las otras dos son: entretenimiento y mercadeo.

 

Por tanto, la licitación de nuevas cadenas de televisión estaría enfocándose hacia la información como poder político-empresarial, aunque sin entender que los noticieros o la información de las actuales cadenas -Televisa y TV Azteca- en realidad representan un poder menor al que le dan el mercadeo y el entretenimiento.

 

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El enfoque de información de las televisoras actuales y el que viene se basaría en el modelo actual: la imagen y los noticieros informativos como una demostración de fuerza política para los intereses de sus propietarios. Los noticieros nocturnos de las televisoras en realidad carecen de fuerza política para imponer aunque contienen elementos para subordinar a los actores políticos.

 

Además, el poder de la imagen de televisión ya no será como antes por las nuevas reglas electorales del Instituto Nacional Electoral para controlar la propaganda disfrazada de entrevista o de comentario. Por tanto, la influencia política de la información televisada podría ser menor a la actual.

 

En los aspirantes a las dos cadenas hay operadores de información: Olegario Vázquez Raña, como dueño de Excélsior y ya con dos canales televisivos; Francisco Aguirre, con su experiencia antigua en Canal 13 y dueño de Radio Centro, Luis y Anuar Maccise, como dueños de medios de comunicación en el Estado de México y ahora metidos en El País junto con el empresario transportista Roberto Alcántara, y Manuel Arroyo, ahora dueño de El Financiero y representante transnacional de los intereses financieros de Bloomberg.

 

La nueva irrupción de la información periodística y política en el mercado de la televisión estaría reactivando el viejo modelo Azcárraga Milmo en el que las televisoras buscan controlar la política a través del manejo comercial de la imagen. Los empresarios periodísticos que quieren la televisión han operado sus medios hasta ahora de manera funcional a las políticas institucionales, sin una autonomía crítica real y a veces ni formal.

 

Si la información por televisión es poder, en realidad lo sería en función de lo que no hace y no por lo que hace. La reciente reforma a las telecomunicaciones evidenció que el poder de las televisoras -con todo y su telebancada– fue más etéreo que real porque las reformas salieron. Y hasta ahora, las televisoras han usado la información para sumarse al poder institucional -con el PAN y el PRI y seguramente que con el PRD- y no para encabezar rebeliones informativas o representar un poder social.

 

De ahí el riesgo que existe con la asignación de cadenas de televisión a emporios informativos impresos, radiales o por internet que en nada contribuirá a una democratización de la televisión como medio de comunicación de masas y sí aumentará los factores de presión informativa para el reparto del pastel publicitario.

 

En todo caso, el desafío con las nuevas cadenas estará en la posibilidad remota de producciones de alta calidad -como la BBC de Londres y algunas estadunidenses como PBS- pero habrá más bien la configuración de un nuevo poder político informativo por televisión que siga distorsionando las posibilidades de democratización de los medios electrónicos.

 

Si deveras el gobierno federal tiene la intención de modernizar la televisión, entonces habrá de tener cuidado en concesionar las nuevas cadenas a grupos que operan poderes informativos, pues con lo que hacen Televisa y TV Azteca es más que suficiente.